La aceptación por parte del secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Juan Carlos Salazar Gómez, de la demanda presentada por Venezuela contra Argentina, marca un hito en una disputa que ha captado la atención internacional.
Esta demanda surge en respuesta a lo que Venezuela afirma como graves violaciones de la legislación internacional, relacionadas con el presunto robo y desguace de una aeronave propiedad legítima del pueblo venezolano por parte del Gobierno de los Estados Unidos, con la supuesta complicidad de Argentina.
La decisión de la OACI: Un paso crucial
En una comunicación dirigida a los integrantes del Consejo de la OACI, Salazar Gómez explicó que la demanda se basa en el artículo 84 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, también conocido como Convenio de Chicago, y sus anexos, así como en el reglamento para la solución de controversias de la OACI.
Destacó que la demanda cumple con todos los requisitos formales establecidos en el reglamento, lo que indica un fundamento sólido para su consideración.
Las alegaciones de Venezuela: Violaciones de la legislación internacional
La demanda, presentada por la República Bolivariana de Venezuela, sostiene que desde el 8 de junio de 2022, Argentina ha infringido varios artículos del Convenio de Chicago, incluyendo el 3 bis, 4, 12, 13, 15, 16, 22, 27, 28, 32, 33, 44 y 82.
Estas presuntas violaciones, según Venezuela, se llevaron a cabo mediante la imposición unilateral e ilegal de medidas discriminatorias contra Venezuela, específicamente relacionadas con el caso del avión de Emtrasur.
Una lucha por la justicia y la soberanía
La demanda detalla que estas acciones constituyen una violación flagrante de la legislación internacional y representan una afrenta a los derechos soberanos de Venezuela en el ámbito de la aviación civil.
Se argumenta que la confiscación y el desguace de la aeronave son actos ilegales y desproporcionados, que socavan la estabilidad y la confianza en el sistema internacional de aviación.
La aceptación de la demanda por parte de la OACI refleja la seriedad de las acusaciones planteadas por Venezuela y subraya la necesidad de abordar este asunto con urgencia y diligencia. En este sentido, se insta a todas las partes involucradas a cooperar plenamente con la investigación de la OACI y a comprometerse con un proceso justo y transparente. Además, es imperativo que la comunidad internacional respalde los esfuerzos para garantizar el respeto del derecho internacional y la protección de los derechos soberanos de todos los países, independientemente de su tamaño o poder político. Solo a través del diálogo constructivo y el respeto mutuo podremos alcanzar una resolución pacífica y duradera de esta disputa.
