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Rafael Narváez: La Constituyente no resolverá crisis en el país

5 meses antes
Por Editor Martín Flores

Rafael Narváez: La Constituyente no resolverá crisis en el país

El ex parlamentario Rafael Narváez, activista de los Derechos Humanos, en entrevista exclusiva para El Clarín, nos indicado la inconstitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y la forma como se ha llamado para elegir a los mismos, ya que la actual Carta Magna no se refiere a la forma para elegir la ANC propuesta por el presidente Nicolás Maduro, que de paso, según expresa el especialista en Derechos Humanos, esta convocatoria no resuelve ni la crisis económica ni política que está viviendo el país.

De igual forma el abogado se refirió a la forma desproporcionada por parte de las autoridades en cuanto al tema de la represión en las manifestaciones: “Hay estándares internacionales y nacionales por supuesto, porque nosotros no estamos aislados, y en nuestra carta magna, nuestra norma suprema que es el contacto social que hace el estado con los venezolanos, establece que está en la obligaciones proteger y promover los derechos humanos y hay un artículo que es bastante importante y obliga al estado a cumplirlo, el Artículo 68 establece que “todos tenemos derechos a manifestar pacíficamente”, agregó el ex parlamentario.

El jurista declaró que a su juicio no ha habido justicia por parte del Estado cuando las autoridades han utilizado armas largas y han abierto fuego contra los manifestantes, lo que lamentablemente ha causado ya la muerte a más de 60 venezolanos, cifra dada por el Gobierno y el Ministerio Público.

El activista indicó que recuerda cuando en el 2014 se produjeron más de tres mil detenciones y que para los activistas en la defensa de los derechos humanos fue muy cuesta arriba realizar su trabajo, por los obstáculos que suelen colocar desde el Ejecutivo nacional. De igual forma recalca que para ese entonces realizaron aproximadamente la denuncia de al menos 54 casos de torturas aplicadas en el país, causando estupor en las referidas organizaciones, cuando para ese entonces la defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, apoyó el uso de la tortura para extraer una confesión, algo que va contra todos los estándares internacionales en materia de Derechos humanos.

En este punto Narváez hizo un llamado al defensor del Pueblo, Tareck William Saab para que se dedique a proteger a todas las víctimas de la fuerte represión que ha ocurrido actualmente, que salga de su oficina como lo exige el pueblo y vaya a los sitios del Sebin en los que supuestamente realizan torturas, como “La Tumba”, o que indague porque el director de este organismo González López retiene todavía a prisioneros a pesar de tener ordenes de excarcelación emanadas por los distintos tribunales al país: Si el defensor del Pueblo, no puede con su cargo y se dedica solamente a la defensa de un color político, entonces que renuncie que hay otras personas preparadas para ocupar ese cargo. Agregó el activista en Derechos Humanos: “El defensor del pueblo Tareck William Saab coordinador del poder ciudadano, haciendo uso de ser una persona apegada al gobierno colocando a un lado su competencia y atribuciones, como juez y defensor del pueblo no tiene que tener color político, tiene que ser autónomo, velar por la proyección protección y promoción de los derechos humanos de todos los Venezolanos sean chavistas o no, además de velar por las garantías constitucionales, esas son funciones que asignan la carta magna y lo que tiene que ver con la ley de la defensoría del pueblo”.

El ex parlamentario está de acuerdo con los distintos pronunciamientos que ha realizado la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, cuando en una primera oportunidad indicó que había una ruptura del orden constitucional cuando el Tribunal Supremo de Justicia se había apoderado de las funciones que le corresponden a la Asamblea Nacional, cuando expreso su desacuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, cambiando una constitución modelo y una de las más avanzadas en cuanto materia de Derechos Humanos.

Además de la decisión que tomo el ministerio publico donde asumió la vocería de la fiscal de la republica que cuestiono al tribunal supremo de justicia de prácticamente romper el hilo constitucional, lo que tiene que ver en quitarle todas las competencias, todas las facultades a la asamblea nacional que es una de las dos instituciones que son legítimamente elegidas en cuanto a la soberanía del pueblo que reside en el voto como pueblo originario, es decir son dos instituciones que están validas ante el pueblo, tanto el Presidente de la Republica como también la Asamblea.

Así pues el TSJ quería acabar todas las competencias de todos los actos administrativos de la Asamblea Nacional cumpliendo la competencia de un ente de control y legislativo que es encargado de supervisar las gestiones del presidente, a los ministros, no se podía interpelar a nadie y por ultimo coloco un estado de exención perpetuo, cuando saben que eso tiene un plazo de 60 días y que es la Asamblea quien decide validarlo, es decir una serie de cosas jurídicas sumamente graves que indujeron al pronunciamiento de la fiscal.

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