El Gobierno de Bolivia resolvió expulsar a cinco venezolanos quienes supuestamente recibieron dinero para venir al país a protagonizar “una acción política” y de conspiración, informó este lunes una fuente oficial.
Los venezolanos fueron identificados en un operativo migratorio realizado el domingo, señaló a los medios el ministro boliviano de Gobierno (Interior), Carlos Romero.
“(Son) personas que ingresan ilegalmente y van a hostigar y atacar la embajada de Cuba conspirando políticamente. Luego admiten que han recibido cifras de dinero por esta acción”, señaló la autoridad boliviana.
No está claro quién o quiénes hicieron el supuesto pago, pero sí que los sindicados admitieron, según Romero, “que han sido pagados para esa actividad política y que en realidad han sido traídos al país para protagonizar una acción política”.
“Por esa razón se ha decidido su puesta en frontera, por su ingreso ilegal y por haber vulnerado las normas nacionales y los que tienen solicitud de refugio se va a respetar que se substancie su procedimiento de refugio”, indicó el ministro.
“Son cinco los que han sido puestos en frontera, siete los que están substanciando un procedimiento de refugio de los que forman parte de ese operativo de migración”, agregó.
Romero sostuvo que Bolivia tiene una política “absolutamente condescendiente” con los migrantes, “pero no con estas personas pagadas, como lo han confesado, con fines conspirativos y que han cometido ilegalidades”.
El ministro recordó que en el país se está aplicando una norma mediante la cual se declaró una amnistía para la regularización migratoria de extranjeros que ingresaron ilegalmente y que ha beneficiado a varias personas en los últimos meses.
Según datos del Ministerio de Gobierno, en el marco de esa norma se beneficiaron en total 419 ciudadanos extranjeros, incluidos 71 venezolanos, 75 cubanos y 90 brasileños, entre otros.
Romero aseguró que las autoridades bolivianas no tienen “ningún problema” en que estos ciudadanos regularicen su situación migratoria, siempre y cuando vengan al país a estudiar, a trabajar o a establecer una familia.
Pero “si incurren en la comisión de algún delito común, la acción de la justicia tiene que producirse”, añadió
EFE
