El Gobierno parece tener suficiente músculo financiero como para soportar el impacto del aumento del salario mínimo sin recurrir a la emisión de dinero inorgánico y retomar el ciclo inflacionario que había abandonado la economía venezolana
Para bien o para mal, una de las principales características del gobierno chavista durante las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro eran los aumentos salariales.
En épocas de bonanzas y financiados por la renta petrolera, decretaron constantes incrementos del salario mínimo que ofrecían un poder de compra elevado al venezolano. La remuneración en Venezuela era una de las mejores en la región.
Pero cuando los precios del petróleo cayeron, en 2014, y el grifo de divisas se cerró, mantener esta política fue contraproducente. Cada aumento salarial era financiado por un Banco Central de Venezuela (BCV) que emitía cada vez más dinero inorgánico.
El discurso de Maduro se mantuvo igual. Bajo la consigna de ser el «presidente obrero», aprobó aumento tras aumento mientras mantuvo la narrativa de «apoyar» al trabajador venezolano.
En paralelo, destruyó la economía venezolana con políticas regulatorias que defendía con un discurso populista. Regulación de precios para «combatir la especulación», control cambiario para «enfrentar al dólar criminal» o la toma de empresas porque «los trabajadores las manejarán mejor».
Todas estas políticas acabaron con la producción nacional mientras la masa monetaria del país crecía exponencialmente por el dinero emitido por el BCV. Como resultado, la inflación alta se convirtió en hiperinflación y el bolívar perdía valor cada minuto que pasaba. Los salarios reales se desvanecieron y cada ajuste solo colaboraba con la devaluación de la moneda.
De hecho, fue en el período de hiperinflación cuando más aumentos se aprobaron. Desde noviembre de 2017 hasta diciembre de 2019 se decretaron 10 incrementos salariales, con un promedio de cinco ajustes al año.
Ya durante 2019, pero con mayor énfasis en 2020 y 2021, el oficialismo empezó a cambiar sus políticas económicas. Ofreció una mayor libertad para el sector privado y abandonó su política proteccionista para girar 180º y más bien abandonar a la clase trabajadora.
Durante 2021 se aprobaron solo dos aumentos salariales y en estos 12 meses el sueldo base promedió $2,12 mensuales, el salario mínimo más bajo del mundo.
Movimientos sindicales han exigido durante meses que el salario se homologue con la canasta básica, pero el Gobierno no solo ha ignorado esta petición, sino que le otorgó la responsabilidad de definir los salarios al sector privado.
Desde mediados de 2020 prácticamente ninguna empresa privada paga el mínimo reglamentario y según estudios aplicados en diversas actividades económicas, los salarios mínimos del privado promedian entre los $80 y $150.
Desamparados quedaron los trabajadores de la administración pública, que conforman un 20,2% de la masa laboral del país, con salarios de $2,2 y bonos ocasionales otorgados a través del Sistema Patria que no tienen ninguna incidencia en pasivos laborales. Una historia aún peor la padecen los jubilados y pensionados, arrinconados con los $1,5 que les deposita el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) apuntan a que la proporción de trabajadores de la administración pública se ha reducido drásticamente desde 2014, pero sigue constituyendo un 20,2% de la masa laboral venezolana
La situación cambió ligeramente con el incremento salarial anunciado por Maduro el pasado 3 de marzo. De ahora en adelante, el mínimo legal es medio petro, equivalente a Bs 128 ($29,60) y otros Bs 45 ($10,40) por concepto de cesta ticket. En total, el salario redondearía unos Bs 173 ($40).
Estos $40 representan el salario mínimo integral (base + cesta ticket) más alto vigente en Venezuela desde septiembre de 2016, momento en el cual se aumentó el sueldo a alrededor de $60.
Pese a que el sueldo de $2,2 era insostenible y el aumento es recibido con los brazos abiertos por la administración pública, el historial del chavismo ha acostumbrado al venezolano a que todo incremento salarial importante se traduzca en inflación. Por lo tanto, era normal que surgiera esta preocupación tras el anuncio. No obstante, parece que este no será el caso.
¿Gasto público sin inflación?
Según datos de Transparencia Venezuela sobre el Presupuesto que el Ejecutivo asignó para este año, se estima que unos 1.390 millones de bolívares ($321 millones de dólares) se destinen a remuneraciones salariales para los más de 5,5 millones de empleados de la administración pública. A esta cifra se suman alrededor de 5 millones de jubilados y pensionados —según contabilizaba el Gobierno hasta diciembre de 2020— que también recibirán este aumento.
Estos números son sinónimo de gasto público, un concepto que durante años ha mantenido una relación estrecha con la hiperinflación. Pero, aunque suene discordante para muchos, todo parece indicar que en esta oportunidad el aumento salarial no tendrá un mayor impacto en los precios de bienes y servicios, al menos a mediano y largo plazo.
Al menos así lo avizora el economista Daniel Cadenas, quien cree que el Gobierno tardó tanto tiempo para elevar las escalas salariales porque prevé tener los fondos suficientes para pagarlos sin recurrir a la emisión de dinero inorgánico.
«Hay un equipo de asesores económicos que tomaron el control de estas políticas. Ellos deben haber sacado cuentas y asumieron que tendrán caja suficiente como para tener los ingresos para pagar ese aumento», sostiene.
El mayor indicio de que esta lectura podría ser acertada es el historial más reciente del oficialismo. En los últimos dos años han reducido el déficit fiscal y han inducido una desaceleración importante mediante el sofoco del bolívar, disminuyendo el crédito bancario a su mínima expresión, manteniendo salarios de miseria y desfalcando las reservas internacionales para intervenir el mercado cambiario e intentar controlar el tipo de cambio.
«Si no tienen cómo pagar, dejaría de ser cónsono con la política que han venido implementando durante los últimos años, que va en sentido de la inflación. Hasta ahora, lo que he visto es que tienen pánico de volver a la senda de la hiperinflación, hasta el punto en que han sido capaces de destruir la actividad bancaria y dejar tanto a jubilados como a pensionados y empleados públicos a la buena de Dios», acotó.
Por su parte, la experta en gestión humana Marielena Alvarado, destacó que las empresas privadas que solicitan sus servicios de consultoría no están preocupadas por un repunte de la inflación, en gran parte por la dolarización de la economía, que ocupa al rededor del 70% de las transacciones del país, según datos de Ecoanalítica.
«Todavía no creemos que este anuncio tenga impacto en la inflación. No vemos que inicie un nuevo ciclo hiperinflacionario, especialmente por la dolarización del mercado», destacó.
Pero quizás la pista más importante para predecir que no habrá un incremento descomunal del gasto público es que el Gobierno invertirá casi la misma cantidad de dinero, ya que este aumento del 1.600% es una verdad a medias. En realidad, Maduro ordenó la salarización de los bonos que entregaba mensualmente a través del sistema Patria.
Según la cuenta de Twitter que da información oficial sobre la entrega de los bonos, la salarización incluye estos bonos: Negro Primero, Protectores de la Salud, Máxima Eficiencia, Simón Rodríguez, el Complementario y el de Alimentación y Transporte.
La remuneración mensual de los trabajadores es la misma, por lo que el flujo de caja del sector público se mantendrá en un nivel similar. La gran diferencia es que ahora la remuneración tendrá incidencia en los pasivos laborales.
«La verdad es que los empleados públicos ya ganaban este monto. La diferencia es que lo venían recibiendo a través del Sistema Patria, ahora lo van a recibir en salario. El Estado sigue pagando lo mismo. Lo que sí debe tener a la mano es cómo responder a los pasivos laborales. Debe tener lo suficiente cuando vaya a pagar vacaciones, utilidades, cuando deba entregar liquidaciones o solicitudes de anticipos de garantía de prestaciones sociales. No son todos los meses, pero va a ocurrir en algún momento del año», subrayó Alvarado.
Buscando fondos hasta debajo de las piedras
Es llamativo que tras ocho años continuos de contracción del producto interno bruto (PIB) del país, el Estado consiga los recursos suficientes para asumir la carga que significarán estos nuevos salarios y sus respectivos pasivos laborales.
No obstante, el Gobierno tiene prevista la captación de recursos desde varias vías y el contexto permite pensar que habrá más dinero este año, especialmente gracias al incremento de los precios del petróleo a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia.
Según el presupuesto aprobado que revisó Transparencia Venezuela, de los Bs 62.379 millones asignados, 38.069 (72,16%) provendrán de la venta de petróleo. El 27,84% restante a su vez está constituido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un 43%, el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) en un 15%, el Impuesto sobre la Renta (ISLR) en un 14% e impuestos del dominio minero por casi un 12%.
Estas proyecciones se quedaron cortas ante el contexto del mercado petrolero. En el último mes los precios internacionales del crudo han aumentado 24% al escalar de $91,48 a $113,55 por barril.
La canasta petrolera venezolana tiene un precio muy inferior al marcador del Brent y, aunque el Gobierno dejó de publicar su estimación, este incremento general del mercado va a contribuir a la captación de divisas del país.
«Quizás tienen la expectativa de que el incremento de precios pueda durar bastante y, a pesar de la baja producción de Venezuela, van a hacer más caja, pero nadie sabe con certeza cuánto puede ser eso. Nadie sabe cuánto produce Venezuela, a qué precio se vende o qué cantidad se exporta. Es un desorden y hay mucha incertidumbre», argumentó Cadenas.
Pero ni siquiera la opacidad de la industria petrolera se compara con el hermetismo en torno a otras actividades económicas que el Gobierno mantiene prácticamente en secreto, como la explotación minera.
A este tipo de actividad se le denomina como «economía sumergida», ya que ocurren al margen de los entes regulatorios y supervisores. En Venezuela, hay una amplia variedad de casos, pero su extensión se desconoce porque es casi imposible de medir. El gobierno de Maduro probablemente cuente también con recursos conseguidos por esta vía.
«El Gobierno tiene ingresos por vías subterráneas que desconocemos. Hay una economía sumergida, en la cual el Gobierno es un actor fundamental. Uno no sabe cuánto se mueve allí. No hay cifras ni estadísticas de eso, caemos en el reino de la especulación. Es posible que también estén contando con parte de esos ingresos y pareciera que tienen músculo suficiente», remarcó el economista.
Para analizar este escenario también es necesario tener en cuenta el nuevo contexto geopolítico que se presenta a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. Con las relaciones comerciales, especialmente petroleras, suspendidas entre Washington y Moscú, se abre la posibilidad de una revisión de las sanciones de Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana.
En este sentido, una delegación conformada por funcionarios de la administración de Joe Biden viajó a Venezuela para sostener reuniones con diversos actores políticos, incluyendo al gobierno de Maduro.
Pese a que no se han precisado detalles sobre posibles acuerdos y aunque cualquier decisión deba pasar por el Senado, retomar las conversaciones asoma la posibilidad de que Venezuela vuelva a exportar petróleo a Estados Unidos y recibir inversión para incrementar su producción.
Si estas cartas juegan en favor de la administración de Maduro, ingresará suficiente dinero en el país como para soportar este incremento salarial e incluso invertir para recuperar la industria nacional. Por supuesto, dependiendo de la voluntad política.
«Si se logra que la administración de Biden pueda levantar las sanciones hacia el sector petrolero y permita tanto que Venezuela se ponga de acuerdo para reestructurar la deuda, como que puedan venir grandes empresas trasnacionales para levantar la producción, sería un cambio drástico para las perspectivas de Venezuela», reflexionó Cadenas.
Salario mínimo con pasivos laborales
Aunque la inflación no se perciba como un problema con este aumento salarial, para las empresas esta noticia sí podría ser un dolor de cabeza.
Desde 2020 los salarios han incrementado mucho más allá de lo que las expectativas indicaban y muy por encima de la actividad económica venezolana. Sin embargo, la mayoría de las compañías operan con esquemas de bonos no salarizados, sin incidencia en pasivos laborales.
El anuncio de Maduro supone, entonces, cambio en estas estructuras, porque las empresas deben calcular el impacto que tendrán en pasivos laborales que antes no tenían en cuenta.
Marielena Alvarado, también especialista en Relaciones Industriales, explica que muchas empresas podrían recurrir a una estrategia de compensación, en la que se disminuya el bono no salarizado del trabajador para agregarlo al salario base hasta alcanzar el mínimo legal.
Esto no solo implica distribuir la forma de pago entre salario base y bono, sino extraer también del bono el dinero necesario para responder a los pasivos laborales. De ejecutarse esta estrategia, los trabajadores percibirían menos ingresos mensuales.
«El impacto en pasivos no es algo que recibes mensualmente, sino conceptos que se pagan anualmente. Explicar algo así en una economía como la nuestra es un gran problema y tendría impacto en el clima organizacional. A la gente la atraes por los ingresos mensuales, así que decirles eso implica que sientan que la inflación los va a golpear», expresó.
Sin embargo, las compañías deben tener en cuenta aspectos legales si recurren a esta estrategia, ya que podrían quebrantar las normas si al momento de asignar el bono a sus trabajadores, no lo protegieron con algún tipo de acuerdo entre las partes en el que se aclare que este pago puede retirarse o modificarse.
«Si no lo protegiste y lo venías pagando sin ninguna protección jurídica al formularlo e implementarlo, es poco probable que puedas compensar. En su lugar, tendrías que sumar lo que falta del sueldo base hasta alcanzar el valor del mínimo legal para cumplir con la ley y evitar problemas jurídicos», aclaró.
Alvarado cree que las empresas asumirán estos riesgos y optarán por compensar, ya que para muchas los resultados del primer trimestre de 2022 quedaron por debajo de las expectativas planteadas al inicio del año.
«No hay manera de aumentar porque para ello se necesita un aumento de la productividad. Las compañías que no pueden cubrir este costo van a tener que compensar y seguir asumiendo riesgos», afirmó.
El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Celso Fantinel, también cree que el aumento tendrá un impacto pese a que en su sector desde hace mucho tiempo se paga más del mínimo de ley.
Las compañías de gran tamaño podrían tener dificultades, por la cantidad de trabajadores que tienen y lo que este cambio significará en materia de pasivos laborales.
«Nosotros pagamos más del salario mínimo, pero hay que verlo a gran escala. A la industria, que tiene muchos trabajadores, le va a impactar», sostuvo.
Desde la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) aseguran que han hecho esfuerzos monumentales para incrementar el poder adquisitivo de sus colaboradores. De acuerdo con el último Informe de Coyuntura que presentaron, la remuneración mínima en este sector promedió los $138 mensuales.
La tendencia en las empresas es aplicar leves ajustes trimestralmente. Desde Conindustria el salario mínimo de operadores escaló un 76% de $78 a $138
Afirman que una de las principales barreras para impulsar la producción —actualmente en un 27% de su capacidad instalada—, es el consumo, porque actualmente la población venezolana no puede adquirir todos los bienes y servicios que produce la industria nacional.
Por lo tanto, este incremento trae consigo matices, problemas, barreras, pero también soluciones para la empresa y la actividad económica venezolana. El más afectado, como suele ocurrir, es el trabajador venezolano.
Un salario mínimo insuficiente
Indiscutiblemente la medida es un alivio para los trabajadores de la administración pública, los pensionados y jubilados; pero se queda muy por debajo de sus expectativas y exigencias. Es imposible vivir en Venezuela con $30 mensuales.
Es por esta razón que desde la Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independiente (ASI) advirtieron que el ajuste no constituía un aumento salarial satisfactorio, ya que el nuevo monto no cubre el costo de la canasta básica alimentaria.
Por otra parte, el clamor de los movimientos sindicales nacionales era llegar a un acuerdo tripartito para determinar el salario mínimo legal, en el cual participaran Gobierno, empresarios y sindicatos, tal y como recomendó en su informe la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un examen aplicado a Venezuela en 2018.
Las recomendaciones del Consejo de Encuesta han sido completamente ignoradas por el oficialismo, a pesar de que son de carácter vinculante porque Venezuela es miembro de la OIT y ha ratificado convenios.
Ante la inacción del Gobierno, en el último Consejo de Administración de la OIT, efectuado en noviembre de 2021, hubo un consenso entre representantes de trabajadores, empleados y gobiernos para exigir a Venezuela la implementación de las recomendaciones y condenar su incumplimiento.
El chavismo se vio en la obligación de aceptar la resolución y adoptó la medida recomendada por la OIT de efectuar un foro de diálogo social con la asistencia y presencia de delegados del organismo multilateral. Esta conversación inició el pasado lunes 7 de marzo, pero el chavismo anunció su aumento cuatro días antes. Por lo tanto, no lo tomó en cuenta.
«Maduro no esperó que este proceso se desarrollara y culminara para que por consenso se defina el ajuste al salario mínimo y el sistema o metodología para recomponer progresivamente el poder adquisitivo del salario», opinó la presidenta de la Central de Trabajadores ASI, Leida Marcela León.
Desde la Central de Trabajadores insisten, desde hace meses, en que se debata en la Asamblea Nacional una Ley de Emergencia Laboral, mediante la cual se apruebe un aumento en torno a los 100 euros.
Proponen que los fondos para pagar este posible salario mínimo provengan de las cuentas y activos de Venezuela congelados en el extranjero. Para ello, las facciones políticas tendrían que llegar a un acuerdo. La mesa de diálogo en México, que según Maduro se reactivará, podría ser un escenario para conversar sobre esta posibilidad. Por eso las organizaciones sindicales exigen inclusión en estas conversaciones.
Mientras mejoras reales en el poder adquisitivo del venezolano no se aprueben, el descontento se mantendrá. Es por esto que los pensionados y jubilados de todo el país marcharon el pasado 9 de marzo, casi una semana después de la aprobación del aumento, para reclamar por los bajos salarios.
Con información de: Tal Cual
