Privatización a la rusa es un concepto aplicado por el exconsultor del Banco Mundial en programas de privatización, Gerver Torres, relacionado con los «procesos nada transparentes en los cuales activos públicos … eran entregados de manera irregular a individuos o grupos cercanos al gobierno».
Es una concepción que tanto para Torres como para Luis Alfonso Herrera, autor del documento El caso de la privatización en Rusia: lecciones para Venezuela, publicado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), cobra fuerza en el caso venezolano.
Durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez (1999-2013), el discurso invitaba a la nacionalización de grandes empresas como Cantv y Pdvsa, con el fin de avanzar al «socialismo del siglo XXI».
Luego de su muerte y tras la toma del poder por parte de Nicolás Maduro, se mantuvo la idea, sin embargo, con el paso de los años, ha ido cambiando proporcionalmente: el pasado 11 de mayo, el gobernante anunció que en pocos días, las empresas públicas ofertarán sus acciones en la Bolsa de Valores.
En la cadena de radio y televisión, detalló que esta acción será destinada a la inversión nacional e internacional, por lo que se evalúa ofertar entre el 5 % y el 10 % de los paquetes de acciones de empresas estatales, como petroquímicas, Cantv y Movilnet.
Si ha llegado hasta este punto, se preguntará ¿En qué se parece la privatización rusa a las medidas implementadas por el gobierno de Maduro?
Actualmente, el gobierno de Maduro coquetea con el capital privado, y aunque la investigación realizada por Herrera es de 2021, él detalló que se está desarrollando un proceso de privatizaciones, dando un giro en la política de Chávez, quien «estatizó o creó más de 700 empresas» como propiedad del Estado.
Dicha privatización «se produce en medio de una de las crisis y contracciones económicas más pronunciadas de los tiempos modernos».
Las empresas sujetas a privatización presentan en la mayoría un altísimo grado de deterioro, en muchos casos están cerradas o funcionando a mínima capacidad de producción; muchas de ellas, imposibles de auditar financieramente.
La transferencia de las empresas ocurre en el contexto de un ambiente de represión económica y política, «con profundas distorsiones macroeconómicas y constantes amenazas al sector privado».
El caso de la Ley Antibloqueo, decretada por la Asamblea Nacional en 2020, que para Herrera «sirve de base a la privatización de las empresas», tiene a su parecer, un marco jurídico «precario».
Sobre las últimas medidas tomadas por el Estado venezolano, de privatizar un porcentaje de empresas públicas, el analista financiero Henkel García, consideró que «estamos como en una especie de transición que pareciera favorecer a determinados grupos pero realmente no es un proceso inclusivo».
La privatización a la rusa que está teniendo lugar en Venezuela «viene a complicar aún más la situación legal de los activos que el Gobierno estatizó en los últimos veinte años».
Con información de El Pitazo
