El 25 de septiembre de 2018, un hombre se acercó a la policía de Curazao para denunciar un hecho que, aparentemente, lo había conmovido.
Según su relato, la semana anterior estuvo en un restaurant de Willemstad conocido porque la atención a los clientes está a cargo de las llamadas “trago girls” venezolanas.
“Como a las 10 pm me salió una de las ‘trago’ venezolanas. Me preguntó si podía hacerle un favor comprándole comida porque tiene hambre. Me explicó, además, que no tiene dinero, por lo que ella misma no puede comprar alimentos”, dijo.
Gracias a esta joven, el cliente supo que la jefa del establecimiento no daba de comer a las mujeres, sino que ellas debían costearla acudiendo a locales cercanos o a la pensión donde se alojaban (propiedad del mismo grupo) para obtener algún platillo.
Como el centro nocturno y el resto de la edificación están sembrados con cámaras y micrófonos, la mujer prefirió pautar una cita con este mismo individuo para el día siguiente, en una calle cercana de la capital curazoleña. Entonces, le explicó las condiciones de explotación a las que estaba sometida, junto con un grupo de venezolanas.
Con esta información, se dio inicio a un expediente conocido como Libertad, que hasta la fecha ha permitido el encausamiento de siete personas, tanto venezolanas como antillanas, y el desmantelamiento de una red que, según cálculos de los propios investigadores, llegó a manejar 160 prostitutas y “trago girls” en apenas un año y medio.
Empujadas por la crisis
Algunas mujeres eran captadas por esta organización en Punto Fijo (estado Falcón), otras en Caracas. No se trataba solamente de personas humildes. Entre las víctimas se cuentan profesionales universitarias, licenciadas en Contaduría, ex empleadas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), enfermeras, criminólogas…
“En Venezuela fui asistente administrativa. Tengo una licenciatura en Administración. También trabajé como gerente en un gran supermercado. Ahora he venido a trabajar porque la situación está mal en Venezuela. Me ofrecieron un trabajo en Curazao como camarera”, relató una de las venezolanas a la policía.
Cuando las mujeres eran reclutadas en Falcón, les aseguraban que apenas llegar a la isla firmarían un contrato de trabajo, como meseras de un snack bar. Pero esto nunca sucedía.
Mientras tanto, todas las discusiones se centraban en la forma como viajarían de Venezuela hasta la antilla. Si estaban en el occidente del país, podían ir por Las Piedras. Cuando se cerró esa ruta, debían trasladarse a Maiquetía.
De acuerdo con los testimonios, poco antes de entrar al avión una venezolana operadora de la red, conocida como Leidys, les entregaba lo suficiente para completar 1.000 dólares en efectivo. Esta cantidad es exigida por los oficiales de Inmigración a las venezolanas que dicen ir a la isla con propósitos de turismo. Ese dinero debía ser devuelto a otros integrantes de la organización apenas salían del aeropuerto internacional Hato de Willemstad.
A las mujeres, además, les hacían reservaciones en un hotel tres estrellas de la capital curazoleña, Green Hill. Todo esto para cubrir los formalismos ante las autoridades en el aeropuerto. Algunas de ellas ni siquiera llegaban a conocerlo. En el camino, eran distribuidas entre cuatro casas, ubicadas cerca de los bares donde iban a laborar.
El traslado desde el terminal aéreo a la ciudad era hecho por un oficial de policía curazoleña, miembro de la organización, reconocido pues conducía un Kía Río dorado.
En Willemstad, la persona encargada de manejar directamente al grupo de mujeres inmigrantes era otra venezolana. Aunque la mayoría de los nombres y empresas involucradas en la estructura delictiva han sido borrados, en atención a una norma legal conocida como “anonimización”, en el acta policial de un allanamiento la identificaron como Yajaira Izquel.
Deuda impagable
En Curazao, la prostitución no es un delito. Existen en internet guías completas de los lugares a los que se pueden dirigir hombres y mujeres para hacer turismo sexual en la isla, en cualquiera de sus variantes.
Las sentencias para los integrantes de esta red, que oscilaron entre algunos meses y un año de prisión más un tiempo de libertad condicionada, es haber impuesto a las víctimas un régimen de explotación o “esclavitud moderna”.
Cuando las mujeres llegaban a la isla, les advertían que debían trabajar en los locales de la organización para cancelar una deuda que era, generalmente, de 1.600 florines (aproximadamente 890 dólares).
Las deudas crecían constantemente. Cada día de alojamiento, en una habitación compartida, costaba 25 florines. Si querían una comida, otros 25 florines. 20 florines por disfrutar del wifi y otro tanto por agua para bañarse. Y si alguna de ellas incurría en una “falta”, como por ejemplo usar el teléfono celular durante el lapso de trabajo o llegar tarde al bar asignado, tendrían que pagar una multa de cien florines (55 dólares).
Todo sumaba para que ellas se quedaran en poder de la red. Las que manifestaban desacuerdos eran amenazadas con denuncias ante la autoridad migratoria.
Había varias formas de cancelar lo adeudado. La más expedita, mediante la prostitución. Así lo explicó una ingeniera, ex trabajadora de la estatal petrolera venezolana.
“Si un cliente quiere tener sexo con una mujer, el cliente tiene que pagar 150 florines (83 dólares) a (la coordinadora de la red). Ella ejerció mucha presión sobre nosotros en el espíritu de que tenemos que pagarle. Ella constantemente nos regañaba. La deuda debe ser pagada en menos de un mes”, testificó.
Pero la mayor actividad se desarrolla en los bares. Es allí adonde acuden los clientes para beber y escoger a las mujeres con las que pasarán la noche, en lo que se conoce como una “salida”.
Por cada copa consumida las meseras reciben una ficha, equivalente a cinco florines. La cuenta de cada mesera también era asentada en un cuaderno. El deber para ellas es producir por lo menos seis fichas diarias por manutención de su proxeneta. Por eso las llaman “trago girls”.
De acuerdo con la sentencia impuesta por la corte conjunta de justicia del Caribe Neerlandés, el sistema impuesto a estas mujeres estaba diseñado para que ellas se prostituyeran, de manera que así podrían cancelar sus deudas cuanto antes.
“No tenía permiso de trabajo. Tuve que animar a los clientes a que me compraran bebidas para que pudiera obtener tokens para cambiarlos por dinero. También en contra de mi voluntad tuve que bailar toda la noche con los clientes y, si tenía la oportunidad, también prostituirme. (…). Ganábamos entre 250 y 350 florines a la semana. Pero nunca me pagaron este dinero. Lo retenían para pagar la deuda. Tener relaciones sexuales con los clientes no era forzado, pero nos dijeron que saliéramos con hombres a prostituirnos para obtener dinero y poder pagar la deuda lo más rápido posible”, explicó una de ellas.
Uno de los puntos a discutirse en las apelaciones formuladas por los reos es que, al parecer, dar trabajo a las inmigrantes ilegales para que se prostituyan se ha convertido en un “hábito”. Y esta situación es esgrimida como un justificativo.
Cón información de Crónicas del Caribe
