El no tener donde refugiarse hace que las mujeres convivan en un hogar violento, que pareciera un callejón sin salida. Venezuela ha construido cuatro casas de abrigos para las víctimas de violencia de género, pero en la actualidad ninguna funciona.
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con el objetivo de desarrollar políticas públicas, el artículo 20.4 establece la construcción de casas de abrigo porque es parte de sus programas para la protección de las víctimas: “para atender a las mujeres víctimas de violencia de género u otros integrantes de su familia que lo necesiten, en caso de la existencia de peligro inminente o amenaza a su integridad física”.
Sin embargo, Emilin Piña, presidenta de la “Fundación Mujer Tu Voz Tiene Poder” destacó que esto no se cumple en Venezuela y recalcó que la ley estipula en el artículo 32 que el Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal, con el fin de hacer más efectiva la protección de las mujeres en situación de violencia, deben crear una casa abrigo por lo menos en cada municipio para las mujeres, que no pueden seguir en la vivienda porque el agresor puede atentar en contra de su integridad.
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) aseguró que en el año 2014 se crearon unas casas de abrigo en los estados Aragua, Cojedes, Sucre y Trujillo, que operaron hasta 2018.
Sugeil Mendoza, presidenta del Instituto Regional de la Mujer (Iremujer) en Lara informó que en el estado no cuentan con casas de abrigos transitorias para las mujeres víctimas de violencia, pero destacó que se encuentra en proyecto.
“Está en manos del Secretario de desarrollo social, misiones y grandes misiones para ser presentado al Gobernador. La casa de abrigo más cercana que nosotros podemos tener y está activa es en el estado Mérida”, sostuvo Mendoza.
La presidenta de Iremujer explicó que es un proceso que han estado realizando poco a poco porque la casa de abrigo no solo es eso, sino que también conlleva que las víctimas puedan aprender un oficio y así lograr salir del entorno agresor.
Desprotegidas
Cada 25 de noviembre se conmemora el día internacional de la erradicación de la violencia hacia la mujer, pero ONG y defensores de los derechos de las mujeres están preocupados debido al crecimiento de los femicidios y casos de violencia.
El Estado venezolano si bien ha logrado 1.073 acusaciones y solicitaron ante distintos tribunales del país 412 órdenes de aprehensión contra los agresores en cinco años, aún tiene políticas públicas que resolver, a juicio de los defensores de derechos de la mujer.
“Las mujeres se ven desprotegidas por parte de un Estado que se cataloga como feminista, pero en la práctica realmente se ha convertido en ser victimario a la indiferencia que tienen a la hora de poder abordar estos temas”, sostuvo la abogada.
En el caso de Lara, Piña destacó que las mujeres han denunciado violencia psicológica, amenaza, física y patrimonial al momento de pedir asesoría legal.
Una mujer que vive violencia conyugal se ve afectada en su autoestima, la pérdida de confianza y la depresión, que llevan a una tendencia suicida.
“En el ámbito familiar también afecta la violencia de genero debido a que sus hijos son parte de este espiral tanto directo como indirectamente porque ellos son víctimas de lo que vive su madre”, sostuvo Piña.
Existe un violentómetro que va desde la alerta hasta lo urgente. Una mujer debe estar en alerta cuando la pareja le hace bromas hirientes u ofensivas, amenaza, intimida, humilla, cela, destruye objetos por rabia y va en aumento cuando las trata con desprecio, ofende verbalmente, empuja o golpea “jugando”, es en este momento en que se debe reaccionar y actuar.
Las mujeres deben actuar porque puede ocurrir un femicidio. En la fase de urgente se encuentra cuando la pareja comienza a golpearlas, a obligarlas a mantener relaciones sexuales a las fuerzas, amenaza de muerte y amenaza con objetos o armas.
Según los registros que lleva LA PRENSA en el estado Lara se han registrado seis casos de femicidios en lo que va de año 2022. Wilmary Carolina Escobar Peña fue asesinada, presuntamente, por su pareja y su cuerpo fue enterrado en un terreno baldío de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), ubicada al oeste de Barquisimeto.
Supuestamente, los celos habrían sido el motivo por el cual José Antonio Alvarado decidió quitarle la vida a Wilmary, pues según la versión policial, el hombre sostuvo una discusión con ella tras pensar “que le era infiel”.
El hombre estranguló a la joven hasta quitarle la vida y luego con la ayuda de su tío la enterró.
Las otras cinco mujeres fueron asesinas en medio de robos y otra fue asesinada cuando la pareja de su amiga disparó por celos.
Emilin Piña agregó que más allá que exista una ley que le de protección a la mujer y que pueda sancionar los delitos cometidos hacia ellas, también es importante que el Estado le pueda brindar seguridad, esto con respecto a las medidas de protección y el trabajo del empoderamiento, esto para poder brindar espacios y que ellas puedan conocer su derecho y sobretodo el crecimiento personal.
Un vivo ejemplo de que en Venezuela todavía hay mucho qué hacer en materia de violencia de la mujer es el caso de Karla Maileny Ríos González, quien trató de buscar una solución antes de que su expareja la asesinara.
La dama fue asesinada en Caracas hace dos años. Karla no tuvo medidas de protección del Estado que evitaran su muerte, después de una pelea en la que hubo una amenaza de muerte, ella denunció a Edward Chacón, ante el Cicpc en la avenida Urdaneta.
La expareja de Karla, no la llamó por dos semanas y sus allegados creen que esto le generó confianza de poder salir sola o estar en su casa sin temor. La noche del viernes 31 de julio de 2020, Chacón la esperó abajo del edificio donde vivía, en la avenida Baralt, y le disparó en la cabeza y en el pecho.
Aunque ella denunció, cambió de vivienda por un tiempo y trató de buscar ayuda, no lo logró y el agresor la mató.
Cifras bajan
Durante el año 2022, Iremujer ha atendido a 598 mujeres víctimas de violencia de género, 499 con asesorías legal, cifra que ha bajado considerablemente según la presidenta del instituto.
Durante la pandemia entre el año 2020 y 2021 las cifras por violencia de género aumentaron y así las denuncias en los entes receptores.
Iremujer y otras fundaciones se encargan de asesorar a las mujeres en materia legal y son ellas las que deciden denunciar al agresor, aunque en algunos casos las víctimas prefieren no denunciar por temor a quedarse sin techo o sin dinero para sus hijos.
En el año 2020 en Iremujer recibieron 473 mujeres para atención legal y 266 para ayudas psicológicas, mientras que el siguiente año la cifra se duplicó y atendieron 1740 mujeres entre orientación psicológicas y legal.
La abogada Piña resaltó que durante las asesorías que ha hecho con las víctimas, ellas les han manifestado que los agresores tienen adicción a las drogas y el alcohol por lo que se le suma al detonante de la violencia.
El estado Lara ocupa el tercer lugar en femicidios
El Observatorio Venezolano de la Violencia destacó que hasta agosto de 2022 se registraron 151 femicidios en Venezuela y Lara ocupó el tercer lugar con cinco crímenes, siendo el estado Miranda el que más casos de femicidios ha tenido este año.
Sugeil Mendoza, presidenta de Iremujer, explicó que el 15.4% de esos 151 femicidios corresponden al estado Lara. La data es hasta agosto, pues no ha actualizado en los últimos tres meses.
Mendoza destacó que los municipios en donde más han tenido asesorías legales y psicológicas han sido Morán, Urdaneta, Palavecino y Crespo.
En el caso de Simón Planas e Iribarren estas tienen sedes de los institutos municipales y por allí canalizan las ayudas para las mujeres.
Mendoza destacó la importancia de denunciar al agresor, pues en algunos casos han tenido visitas de hasta tres veces de las víctimas que han sufrido violencia de género.
“Reinciden en la violencia, porque ellas indican que no quieren denunciar al agresor”, sostuvo la profesora.
José Antonio Rivero, abogado de Iremujer, explicó que luego de que la víctima denuncia, el Ministerio Público tiene un lapso de investigación de cuatro meses en fase ordinaria y 45 días en flagrancia.
“Es importante que las personas conozcan los aspectos legales y sepan que el Ministerio Público si está trabajando en los casos denunciados”, comentó Rivero.
Con información de La Prensa de Lara
