Al cierre de 2022, dos son las situaciones que coparon la escena informativa internacional y la preocupación de varios organismos dedicados a la materia: las nuevas olas de migraciones climáticas y la aún persistente crisis migratoria venezolana.
Sobre este último capítulo, un reciente informe del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y de la Oficina Internacional de Migración (OIM) reporta que hasta el mes de noviembre había exactamente 7.134.132 migrantes venezolanos esparcidos en varios países, de los cuales el 34,72% se encontraba en Colombia, lo que equivale a decir que 2.476.970 venezolanos han cruzado la frontera para llegar al hermano país.
De este universo global, según registros de Migración Colombia, 2.417.437 personas finalizaron el pre registro del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV). Y de ellos, 2.351.351 terminaron de llenar la encuesta de caracterización aplicada por el gobierno colombiano desde hace meses, instrumento que ha querido perfeccionar el actual de Gustavo Petro.
Vale acotar, de acuerdo a estos datos migratorios, que el Permiso por Protección Temporal (PPT) le fue aprobado completamente a 1.632.817 migrantes, lo cual redunda en la incorporación de estos ciudadanos al goce y disfrute de algunos beneficios que otorga el Estado colombiano.
En ese sentido, más de 900 mil de migrantes fueron incorporados al sistema general de salud pública; 573.846 estudiantes venezolanos fueron incluidos en el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT).
Más allá de los números y datos
Pero más de estos fríos números, la migración venezolana en Colombia aún confronta varias dificultades que impiden su pleno establecimiento en virtud del derecho que tiene toda persona, no solo a migrar por razones de peso o por decisión propia, sino también a establecerse una sociedad que le ofrezca plenas garantías de desarrollo personal y profesional.
Entre esos desafíos que confrontan las organizaciones internacionales y el Estado colombiano para acoger e incorporar a la población migrante venezolana, y de otras nacionalidades, que sigue viendo a Colombia como uno de los países con mayores potencialidades de arraigo y calidad de vida, está el de reconocer a estas personas de como población con necesidad de protección internacional.
Por otro lado, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) ha propuesto la regulación estatutaria de las figuras de protección para evitar el uso del discurso de la discrecionalidad como herramienta violatoria de Derechos Humanos de migrantes.
Particularmente, el gobierno colombiano recibió la demanda por parte de los organismos y sociedad civil de velar por más de 4 mil niños y niñas de Venezuela bajo tutela del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que nacieron antes del 2019 y no pueden acogerse al programa ‘Primero la Niñez’.
Los venezolanos en Colombia, aún en situación legal, siguen siendo objeto de tratos discriminatorios y xenofóbicos en diferentes ámbitos como el laboral, educativo y social. Un ingente reto de cambiar esta realidad para la gestión de Gustavo Petro y de otras instituciones a nivel internacional.
De hecho, recientemente recibió de parte de ACNUR la propuesta de incluir la integración socioeconómica de migrantes y refugiados con presupuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.
Otra de las demandas, para Colombia y Panamá, es la de de garantizar condiciones de tránsito seguro y corto en el Tapón del Darién.
Con información de Migración Colombia, ACNUR y OIM
