La justicia argentina se encamina a abrir una causa contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad en base al tratado de Roma que considera que ese tipo de crímenes tiene jurisdicción internacional, pero no será un trámite automático.
El abogado Tomas Farini Duggan presentó el viernes una denuncia contra Maduro y pidió su declaración indagatoria en base al informe de la ex comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y ex presidenta de Chile, Michele Bachelet, entre otras pruebas.
La denuncia cayó por sorteo en el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Como Lijo está de vacaciones hasta el 1° de febrero es reemplazado por Sebastián Ramos.
El viernes mismo, Pollicita empezó a trabajar sobre la denuncia de 13 páginas, pidió los archivos del caso y verificó que uno de los querellantes ya tiene como cinco causas iniciadas en Venezuela, informaron a Clarín fuentes judiciales.
También dispuso certificar si hay alguna otra causa contra Maduro en la justicia argentina y espera que el lunes o martes tenga la respuesta. Recién entonces, el fiscal estaría en condiciones técnicas de poder redactar un requerimiento de instrucción para que se abra la causa. Sucede que al tratado de Roma estipula que la justicia de un país puede investigar delitos de lesa humanidad en otro si éstos no están siendo ya investigados en forma seria en otra jurisdicción.
También dispuso certificar si hay alguna otra causa contra Maduro en la justicia argentina y espera que el lunes o martes tenga la respuesta. Recién entonces, el fiscal estaría en condiciones técnicas de poder redactar un requerimiento de instrucción para que se abra la causa. Sucede que al tratado de Roma estipula que la justicia de un país puede investigar delitos de lesa humanidad en otro si éstos no están siendo ya investigados en forma seria en otra jurisdicción.
Pese a la velocidad que Pollicita le puso a estas medidas previas es muy difícil que se ponga en marcha la causa y se llame a indagatoria a Maduro antes del martes cuando comience en Buenos Aires la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) convocada por el presidente Alberto Fernández. A esta cumbre asistirán 14 jefes de Estado y Christopher Dodd, como enviado del presidente de los Estados Unidos Joe Biden. Pero Maduro no puede ser detenido por sus fueros diplomáticos.
Pero una vez que Pollicita haga el requerimiento de instrucción, sino lo hace Ramos en la primera semana de febrero Casanello “habilitaría la jurisdicción argentina para aquellos hechos de violaciones a los derechos humanos que no están siendo investigados en forma responsable en otra jurisdicción”, explicaron conocedores de los tribunales de Comodoro PY. Eso es en cuanto a la parte de la denuncia contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que ya sentó jurisprudencia que seguramente tomará Casanello.
Según ésas fuentes, Lijo “ya tiene una jurisprudencia en la causa que abrió contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también por delitos de lesa humanidad”. Esta causa avanza y para tomar medidas, como llamados a indagatoria, el juez espera respuestas de la ONU y de la Justicia de Nicaragua antes de avanzar sobre Ortega.
Además, Lijo ante un pedido de la organización humanitaria norteamericana Human Rights Watch no detuvo al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, por el crimen del periodista saudí Jamal Khashoggi en Turquía, cuando visitó Buenos Aires por la cumbre del G20 pero sí habilitó la competencia argentina para investigarlo.
Farini Duggan presentó la denuncia en nombre del ex diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff ,de la organización llamada El Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) y de dos venezolanos que fueron perseguidos y torturados.
FADER está integrado por Wolff, Elisa Trotta (la embajadora de la oposición venezolana en Argentina), Karina Banfi, Daniel Sabsay, Santiago Kovadloff, Graciela Fernández Meijide, Ricardo López Murphy, Jorge Faurie, Maximiliano Ferraro, Jorge Ferronato, Alfredo Cornejo, Diego Guelar, Álvaro De Lamadrid, Paula Bertol, Brian Schapira,, Héctor Schamis, Sabrina Ajmechet, y Marcelo Birmajer, entre otros.
Como está vía no es automática, la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, enviará una alerta a la DEA el lunes para que se active un eventual pedido de la justicia de Estados Unidos. Busca, a través de esta vía, que la justicia de la Argentina detenga a Maduro por un caso de narcotráfico abierta en Nueva York conocido como la causa “de los soles”.
Bullrich adelantó a Clarín que enviará la alerta a la DEA y recordará que existe un tratado de cooperación penal entre la Argentina y Estados Unidos. Es el mismo mecanismo que se usó el año pasado para que el juez federal Federico Villena aceptara un pedido de embargo de la Justicia norteamericana del Boeing 747 de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur) y que había sido vendido por Irán, a pesar de estar en una lista de colaboradores con el terrorismo internacional del departamento de Justicia de EE.UU.
“Si Nicolás Maduro viene a la Argentina, debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Tal como ocurrió con Pinochet en Londres, en 1998. La Justicia debe actuar en resguardo de la vigencia universal de los derechos humanos”, recordó Bullrich. La detención de Pinochet en Londres fue dispuesta por el ex juez español Baltasar Garzón, quien actualmente es un aliado del kirchnerismo.
La causa de los “soles” –nombre que deriva de la insignia de generales venezolanos que mandaron cocaína a Estados Unidos- la impulsó el fiscal general de los EE. UU. William P. Barr, el fiscal federal Geoffrey S. Berman del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, el Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Administrador Interino Uttam Dhillon de la DEA y la Directora Ejecutiva Asociada Interina Alysa D. Erichs .
Cuando en el futuro la Justicia argentina acepte la competencia, puede llamarlo a indagatoria a Maduro para que declare pero goza de inmunidad por ser presidente de un país extranjero lo que impide que sea detenido, explicó Farini Duggan. El abogado dijo a Clarín que agregará dos testigos a su causa y otro querellante.
Las víctimas explicaron la forma en que se ordenaron detenciones arbitrarias, privaciones de la libertad y torturas, mientras se los persiguió sistemáticamente por razones políticas, obligándolos a escapar del país por temor a perder la libertad y la vida, según indica el pedido de indagatoria.
El escrito agrega como prueba el informe expedido el 27 de septiembre de 2019 por la Misión internacional independiente designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicaciones de Human Right Watch y la crisis de refugiados, con unos 7,1 millones de venezolanos que han huido desde 2014.
El pedido de FADER explica que se investigan delitos de acción pública previstos y reprimidos en el Código Penal Argentino, que “transgreden tratados internacionales suscriptos por nuestro país, como la desaparición forzada (delito previsto y reprimido por el artículo 142 ter del CP, también resultante de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y el Estatuto de Roma), las torturas (artículo 144 tercero, 1° del CP), y las amenazas de muerte agravadas (artículo 149, 2 “b”, del CP); que constituyen graves violaciones a los derechos humanos perpetrados con la intervención de las autoridades estatales de la República Bolivariana de Venezuela”.
La Ley 26.200 de Argentina, que implementa el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establece que los tribunales argentinos podrán ejercer la jurisdicción respecto de ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el extranjero, siempre que así se establezca en los tratados y convenciones internacionales de los que sea parte Argentina.
Argentina es parte de los Convenios de Ginebra y los Protocolos I y II, que obligan a la Argentina a juzgar o extraditar a autores de graves violaciones infracciones a las convenciones que se encuentren en el territorio del país.
Ex canciller de Macri y diplomático de carrera, Jorge Faurie, recordó que “el informe de Bachelet comprobó las gravísimas violaciones a los derechos humanos en Venezuela y acá se recibe a Maduro sin ningún tipo de reparo, junto a Díaz Canel y Ortega, otros dos dictadores.” Maduro es un aliado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Sobre posible detención de Maduro, Faurie dijo que “tendría que haber un exhorto de la justicia norteamericana, la justicia argentina y aquí un juez abocarse a la causa” en declaraciones a Dato sobre Dato de radio Milenium. “La verdad es que existe la posibilidad de aplicar un criterio de jurisdicción universal”, finalizó Faurie.
Con información de Clarín.ar
