Maestros, enfermeras, policías, entre otros trabajadores vinculados a la administración pública -muchos de ellos retirados-, se manifiestan desde hace varias semanas en las principales ciudades del país con pancartas en las que se lee «No más salarios de hambre» y «No a pensiones de muerte».
El salario mínimo en el sector público de Venezuela, el mayor empleador del país, está fijado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales (unos US$6), un monto que se ha depreciado rápidamente debido a la galopante inflación que, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, fue de 305,7% el año pasado.
Asimismo, el monto de la pensión estatal también equivale al salario mínimo.
Mientras tanto, un kilo de pollo en un supermercado en Caracas, la capital del país, puede costar unos US$4,5 (el 75% del salario mínimo mensual) y el de un queso local puede alcanzar los US$5 en un contexto de dolarización de facto de la economía. Los pagos se hacen en dólares, o en bolívares pero siempre con la moneda norteamericana como referencia.
«Yo salí a protestar porque este gobierno tiene que reivindicar mi profesión. No es posible que yo, siendo una docente de categoría 6 (la más alta) y con más de 20 años de servicio, esté ganando 450 bolívares mensuales (US$22)», le dijo esta semana a BBC Mundo Belkis Bolívar, desde Caracas.
«Salí a protestar porque quiero desahogarme, quiero que la gente sepa que estoy cansada y furiosa porque mi salario no me alcanza para vivir», agrega la mujer de 56 años, quien tiene un hijo adolescente y una madre de 85 años que dependen de su sueldo.
Belkis padece de reumatismo y afirma que no puede costearse los tratamientos y exámenes necesarios para tratar la patología.
Además, su madre sufre de una enfermedad cardiovascular tras haberse sometido a una operación de corazón abierto, pero tampoco tiene dinero para comprar medicinas.
«Tengo que hacer milagros para que mi familia pueda subsistir. Tengo que vender comida y dar clases particulares, porque el salario no nos alcanza para cubrir nuestras necesidades más básicas», prosigue.
«Marcho porque tengo que drenar mi frustración de alguna manera y para apoyar a mis colegas y a muchos otros trabajadores del sector público que también han tomado las calles por los salarios de hambre que tenemos».
El gobierno venezolano culpa a las sanciones impuestas por Estados Unidos por la devaluación de los salarios.
«Sobre los salarios todos los venezolanos estamos descontentos, pero hay que recordar que es culpa de las sanciones», aseguró la semana pasada el diputado Diosdado Cabello, presidente de Partido Socialista Unido de Venezuela y uno de los altos mandos del oficialismo.
Paralelamente a la protesta de docentes y trabajadores del pasado 23 de enero, el presidente Nicolás Maduro organizó una marcha en el oeste de Caracas a la que asistieron cientos de personas adeptas a su gobierno para exigir que levanten «las sanciones criminales impuestas contra Venezuela».
Sin embargo, la oposición alega que la crisis es consecuencia de la mala gestión de los dirigentes del país.
Según economistas, la descontrolada inflación en Venezuela se vio impulsada inicialmente por la decisión del gobierno de Maduro de imprimir dinero sin respaldo productivo con el fin de mantener subsidios y programas de bienestar tras asumir la presidencia en 2013.
Al mismo tiempo impuso controles de precios y fijó el tipo de cambio, lo cual creó un mercado negro.
Si bien el país salió de la hiperinflación en diciembre de 2021 y contó con una relativa estabilidad durante algunos meses y hubo liberalización económica, la moneda venezolana registró una abrupta devaluación de casi 25% en agosto del año pasado, cuando la cotización oficial pasó de 6,28 bolívares por dólar a 7,83 bolívares en apenas dos días. En el mercado paralelo la devaluación monetaria fue de 33%.
Desde entonces el bolívar ha ido en caída libre frente al dólar estadounidense.
Leonardo Vera, profesor titular de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, le dijo a BBC Mundo en agosto del año pasado que la nueva «crisis cambiaria» era consecuencia principalmente del agotamiento de las reservas internacionales y del aumento de los bolívares que fueron puestos a circular por las autoridades como respuesta a las demandas sociales de los trabajadores.
Algunos venezolanos afirman que incluso los precios en dólares se ven afectados por una inflación que se acentúa cada vez más.
«Salarios justos»
Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, asegura que su gremio ha salido a las calles porque no se siente valorado, pero también «por la libertad y la democracia de Venezuela».
«Hemos venido protestando desde diciembre, exigiéndole al gobierno salarios justos para los trabajadores. No podemos seguir viviendo con US$20 mensuales cuando la canasta básica está en 500 bolívares (US$23)», le dice la maestra de 68 años a BBC Mundo.
Cuenta que subsiste gracias a las remesas que su hija le envía desde el extranjero, pero muchos de sus colegas trabajan como personal de limpieza en casas de familia u horneando pan y tortas.
La sindicalista señala que en la última protesta que tuvo lugar el 23 de enero -una fecha en la que los venezolanos celebran el regreso de la democracia tras el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez en 1958-, también asistieron profesores universitarios, enfermeras y otros trabajadores de la salud, obreros y empleados públicos.
«Toda la clase trabajadora salió a protestar y continuaremos hasta que el gobierno cumpla con el artículo 91 de la Constitución, que dice que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad», añade.
Las protestas, que comenzaron hace semanas, son una muestra del descontento que viven las clases más desfavorecidas de Venezuela, que poco se han beneficiado del reciente repunte económico que experimentó el país el año pasado.
Venezuela atraviesa por una crisis económica y social que hizo que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se redujera en más de un 75% entre 2013 y 2021 y empujó a más de siete millones de venezolanos a buscar una mejor vida en el extranjero, pero diversas fuentes afirman que la economía ha vuelto a crecer.
Economistas atribuyen el repunte económico al aumento de la producción petrolera, la dolarización de facto de la economía y el abandono de la política gubernamental de control de cambios y de precios, entre otros factores.
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) estima que la economía venezolana crecerá un 10% en 2023, pero el Banco Central de Venezuela asegura que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país podría alcanzar el 18,70%.
Pero muchos en el país no sienten ninguna mejoría.
Rezagados de la economía
El politólogo venezolano Ricardo Sucre, profesor de la Universidad Central de Venezuela, llama a las protestas actuales «luchas redistributivas».
«Hay sectores de Venezuela, como el personal docente y del sector público, que han sido los perdedores del llamado ajuste económico», dice en entrevista con BBC Mundo.
«Son sectores que no se han dolarizado, a diferencia de gran parte del resto de la economía, y son sectores que no se pueden dolarizar completamente y que sienten que no pueden llevar una vida digna», prosigue.
Sucre explica que el crecimiento económico del año pasado ha hecho que los ingresos de algunos sectores aumenten ligeramente.
«Ahora en Venezuela hay grupos que se dan pequeños lujos, como ir a conciertos, a la playa, cosas que fueron impensables durante la época de la hiperinflación», añade.
Muchos de los manifestantes que salieron el pasado lunes exigían, de hecho, la dolarización de sus ingresos.
Sucre insiste en que las protestas ponen en evidencia la frustración que sienten los venezolanos que «se mueven en bolívares» en una economía parcialmente dolarizada.
«Hemos perdido el miedo»
Los dirigentes sindicales venezolanos continúan con las protestas y algunos están tanteando la posibilidad de apoyar un paro nacional indefinido en febrero.
«Al paro nacional le hemos puesto fecha para el mes de febrero. En primer lugar, paro cívico nacional de 24 horas; posteriormente, 48 horas», informó Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, en medios locales.
«Si no nos escuchan, prepararemos las condiciones hacia el paro general indefinido. Pero eso tendrá su momento».
Carmen Márquez, de la Federación Venezolana de Maestros, indica que por ahora el gobierno los ha ignorado.
«La única respuesta que el gobierno nos ha dado ha sido sacar a los colectivos, la sociedad civil armada que ellos tienen, para que agredan al pueblo y la clase trabajadora. Pero ya hemos perdido el miedo, lo único que queremos es vivir con dignidad».
La maestra Belkis Bolívar asegura que seguirá en las calles hasta que el gobierno la escuche.
«Seguiré hasta que se reúnan con nuestros representantes de la Federación», dice, antes de agregar que hay un «riesgo de que la profesión muera» si no suben los salarios.
«La gente ahora gana más haciendo trabajos afuera de la escuela que como docente. Las escuelas se van a quedar sin maestros».
Ella dice que el paro nacional sería el último recurso, pero no lo descarta.
«Es el arma más fuerte que nos da la Ley del Trabajo y no podemos agotar nuestra arma mayor ante un gobierno que simplemente podría seguir ignorándonos».
Con información de BBC Mundo
