La sociedad civil y las ONG de Venezuela ven con «tanto optimismo» como «mesura» la permanencia en el país, por dos años más, de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos (ACNUDH), un anuncio que esperan se traduzca en «mayores denuncias» contra «los atropellos» que, creen, han faltado hasta ahora.
La reciente visita a Caracas del alto comisionado de ONU para DDHH, Volker Türk, y la inminente presentación de un nuevo informe de su oficina sobre Venezuela han caldeado los ánimos de las ONG que, al unísono, le piden ampliar la protección a los ciudadanos y a las organizaciones que defienden el goce de los derechos en el país.
A finales de enero, activistas y víctimas contaron a Türk numerosos casos de crímenes en los que, según ellos, el Estado venezolano ha sido «el victimario», por lo que ahora piden al ACNUDH «hablar alto y claro» y con «exigencias mucho más fuertes», aseguró a la agencia de noticias EFE la coordinadora general de la organización Laboratorio de Paz, Lexys Rendón.
Lo que anhela el conglomerado de organizaciones no gubernamentales, advierte la socióloga, es que esta oficina de la ONU cumpla con su mandato de «promover y proteger» los derechos humanos con un rol «más vocal», lejos del trabajo soterrado hecho hasta ahora.
Presencia y autonomía
Rendón explicó a EFE que desde septiembre de 2019, cuando se firmó el memorando de entendimiento entre la oficina del ACNUDH y Venezuela, se estableció la presencia en el país de funcionarios de esta instancia, pero bajo la vigilancia del Estado, lo que le impide ejercer su mandato con «total independencia».
«Es necesario que la oficina se formalice, es decir, que no siga actuando a través de una carta convenio, que es muy discrecional, que no se conoce públicamente y que el Estado pudiera revocar en cualquier momento, sino que necesitamos una oficina que tenga todas las libertades, la institucionalidad de Naciones Unidas en el país y que pueda actuar con total independencia», apuntó.
Esto, prosiguió, permitiría que el trabajo de la oficina no se «limite a la asistencia técnica» que ha solicitado el Gobierno para capacitar a personal de instituciones públicas, sino que le daría «libertad» para estar presente en casos en los que sea requerido y ser contundente a la hora de llamar la atención con comunicados públicos.
Con un punto de vista similar, el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab), Eduardo Trujillo Ariza, explicó a la agencia EFE que existe «una suerte» de tutela del Estado sobre este personal en el país «para distraerlos» y alejarlos de los verdaderos problemas en materia de DDHH.
«Hay una intencionalidad del Estado, un ánimo de instrumentalizar a los funcionarios de la oficina para distraerlos solo en el componente de asistencia técnica y dejarlos un poco a un lado en el componente de protección que es, sin duda alguna, el más relevante en una sociedad con crisis de derechos humanos», sostuvo.
Con información de EFE
