La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) es la organización que agrupa a la gran mayoría de comunidades y organizaciones de esta confesión en ese país. Con motivo de la Ley de Nacionalidad Española para Sefardíes, un Certificado expedido por el Presidente de su Comisión Permanente constituía una de las pruebas para nacionalizarse español por esta vía.
De esta manera, la FCJE contribuía con el espíritu de la Ley que buscaba reparar a los descendientes de los judíos españoles que fueron expulsados en 1492. Al igual que otras asociaciones judías en el mundo, a partir del año 2015, configuraron sus procesos internos para poder certificar a los solicitantes. En el caso de la FCJE, el reglamento fue expuesto de manera clara y transparente a través de su página web.
No obstante, a partir del año 2020, centenares de solicitantes de Certificados por Origen Sefardí expedido por la FCJE han denunciado que el proceso se tornó arbitrario, poco transparente y discriminatorio. En muchos casos entorpeciendo la acreditación, o contradiciendo su propio reglamento publicado en su página web oficial.
Los afectados han denunciado las irregularidades en distintas instancias españolas y mundiales. Como por ejemplo, ante el Defensor del Pueblo español, Organizaciones de Derechos Humanos; y ante la propia administración del Presidente de España, Pedro Sánchez.
Por esta razón, El Clarín contactó a la FCJE para realizarle una entrevista a su Presidente, Isaac Benzaquén Pinto. A través de esta vía, la persona responsable del cambio ocurrido en la Federación podía aclarar todas las dudas que giran entorno a este proceso que afecta a miles de personas.
Luego de diversos contactos con la Directora de Comunicación, Sra María Royo, tras recibir el cuestionario de preguntas solicitado para poder acceder a una entrevista -presencial o por videollamada-, no respondieron más a nuestras solicitudes.
Preguntas sin responder
A raíz de la falta de comunicación con la FCJE, nuestro corresponsal en Madrid se dirigió a la dirección legal de la Federación: Domicilio social: Calle Miguel Ángel, 7 1º C, 28010 MADRID. Allí nos informaron que desde hace un año la FCJE se mudó de esta dirección.
No obstante, en la antigua dirección no dieron información sobre dónde queda la nueva sede administrativa de la FCJE. En ese sentido, un nuevo abanico de preguntas surgieron al respecto:
¿En dónde despacha el Presidente de la FCJE?
¿En dónde reposan los expedientes de los solicitantes de COS de la FCJE?
¿Quiénes evalúan los expedientes sefardíes?
El cuestionario enviado indagaba sobre las competencias de los evaluadores: ¿Quiénes eran, y si estaban dispuestos a presentar las credenciales profesionales de las personas que revisaban los estudios genealógicos de los solicitantes?
Esta pregunta fue recogida por expertos en genealogía que realizaron un trabajo riguroso para sus clientes. Pero observaban en el proceso de evaluación, un alto grado de desconocimiento de esta ciencia auxiliar de la Historia. A diferencia de comunidades judías como la de Lisboa, donde el proceso fue más lógico y congruente a juicio de los genealogistas consultados. Estos profesionales pidieron mantener la confidencialidad para proteger a sus clientes que aún se encuentran en estatus de tramitación.
Desestimación de Comunidades Judías en el mundo
Algunas instituciones judías con casi 100 años de antigüedad y con una determinante actividad en la promoción de la cultura sefardí en el mundo, como por ejemplo la Asociación Israelita de Venezuela o las Comunidades Judías de Lisboa, han sido desestimadas para comprobar el origen sefardí por parte de la FCJE.
Incluso, contradiciendo el reglamento publicado desde el año 2015 en su página web donde sí las reconocían para homologar los certificados emitidos por estas entidades a personas oriundas o residentes de sus localidades: Documentos probatorios
El sefardismo más allá de la Ley 12/2015
La respuesta frecuente ante la solicitudes de Certificados de Origen Sefardí por parte de la FCJE es que “el plazo para iniciar y abonar el inicio de validación de la solicitud por la Ley 12/2015 de 24 de junio ha finalizado el 31 de julio de 2021”.
Cabe recordar que este cierre fue hecho de manera intempestiva durante un periodo de pandemia, dejando atrás a miles de solicitantes aún en estado de “tramitación” que esperaban mejorar sus expedientes ante el nuevo criterio para interpretar la Ley por parte del Ministerio de Justicia de España.
Incluso, muchos denunciantes consideran que el hecho de cerrar la oportunidad de certificar a nuevos originarios sefardíes que no fueran residentes en España, era una instrucción de la Administración de Pedro Sánchez para detener las nacionalizaciones. No obstante, esta respuesta no se podrá aclarar, por ahora, ante la falta de respuesta a nuestra entrevista.
La Ley de reparación a los sefardíes expulsados de España ha significado un descubrimiento de orígenes para muchos, más allá de la obtención de la nacionalidad española. La Ley 12/2015 ha significado el renacimiento e interés por los orígenes de una cultura y el fortalecimiento de una comunidad a nivel internacional. Al margen de la obtención de la nacionalidad española, un ciudadano nacido en España, o de cualquier parte del mundo que tenga comprobado linaje sefardí no podría certificarlo ante la FCJE.
Pagos no reintegrados
El Certificado de Origen Sefardí acarrea costos administrativos que debían ser cancelados por el solicitante. Las solicitudes que fueron hechas antes del año 2019, tenían un costo de 50 euros más I.V.A. Si el solicitante cancelaba o era denegado el importe abonado no era reintegrado.
Luego del primero de septiembre del año 2019, el solicitante debía abonar 100 euros, más I.V.A, para ser evaluado el expediente. Si era aprobado, debía cancelar 100 euros, más I.V.A -adicionales- para recibir el certificado. Igualmente, si era denegado, el primer importe no era reintegrado.
Este pago resultaba razonable en comparación a lo que cobraban otras comunidades judías en el mundo. Y sus políticas de no reintegro del abono inicial parecían lógicas hasta el momento.
Sin embargo, existen expedientes sin respuesta y sin reintegro del primer abono. Es decir, una oferta no cumplida. Bien sea porque han tardado en evaluar y ya una resolución denegatoria por parte del Ministerio de Justicia español se ha efectuado. O porque el sistema electrónico ha aceptado expedientes ingresando un número NIE -requisito de la página en la actualidad-. Pero ahora, se niegan en evaluar los documentos hasta que no se presente una prueba adicional de residencia como lo es la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Por cierto, requisito no explícito en la página.
Solicitudes engavetadas
Existen residentes y ciudadanos españoles que tienen meses esperando por una respuesta de la FCJE. Desde el pasado 30 de enero del año 2023 no han vuelto a interactuar con los solicitantes, según información de los consultados.
Sin embargo, la Federación se ha mantenido activa en sus actividades cotidianas durante el año 2023. Por ejemplo, el pasado 22 de febrero su Presidente firmó la renovación del acuerdo sobre el Observatorio de Antisemitismo.
“Prohibido Olvidar”
“Prohibido Olvidar” es la consigna que comparte la Federación de Comunidades Judías de España a la hora de recordar hechos que han constituido grandes injusticias en el mundo. Especialmente en contra de los judíos, para que de este modo la humanidad pueda evitar que se repitan.
¿Es una injusticia lo que ocurre contra descendientes de judíos sefardíes? El tiempo podrá determinarlo y quiénes fueron los responsables. La mayoría de los afectados consultados coinciden que se encuentran decepcionados por la falta de cumplimiento de la norma. Tanto por parte de la Administración Sánchez que interpretó sólo una parte de la Ley 12/2015. Como la FCJE que no defendió el derecho de todos los solicitantes a tener la oportunidad de ser evaluados sus expedientes.
¿Tiene una afinidad ideológica la FCJE con el gobierno de Pedro Sánchez, al compartir políticas restrictivas en el otorgamiento de la nacionalidad española por origen sefardí? ¿O está siendo presionada para actuar de esta manera? Todas las respuestas podría darlas su Presidente Isaac Benzaquén Pinto.
Finalmente una promesa de reparación histórica resultó en cuantiosos gastos administrativos y legales. Tanto para los solicitantes como para el Estado español que ahora tendrá que acudir a miles de juicios. En medio de estas disputas legales quedará también la responsabilidad moral de la Federación de Comunidades Judías de España; y las personas que tuvieron el poder de decisión en la desviación de interpretación de este proceso.
