La Gran Misión Vivienda Venezuela fue lanzada en 2011 como una promesa del entonces presidente Hugo Chávez de construir dos millones de hogares en siete años.
En 2018, Nicolás Maduro afirmó haber cumplido la promesa de su predecesor y se comprometió a elevar el número a cinco millones de casas para 2025, aunque sin embargo, los habitantes de los urbanismos de Misión Vivienda siguen en un limbo respecto a su estatus: no son propietarios ni inquilinos ni ocupantes por préstamo.
De acuerdo con el informe “La GMVV: entre el riesgo y la corrupción” de Transparencia Venezuela, las edificaciones de Misión Vivienda presentan diversas fallas estructurales, como filtraciones, ausencia de tuberías de agua y gas directo, fallas en el cableado eléctrico, construcciones en zonas de riesgo y fallas geológicas, además, el arquitecto y diseñador urbano Enrique Larrañaga considera que estas edificaciones “parecen ser muy pobres de construcción”, pues rápidamente comenzaron a mostrar fuertes signos de deterioro.
Aunque la mayoría de los residentes de urbanismos de Misión Vivienda aseguran que “todo está y funciona bien”, puertas adentro muestran la carga que conlleva habitar estas edificaciones: temas de convivencia, inoperatividad de servicios, falta de mantenimiento de espacios comunes y más, en el urbanismo José Rafael Núñez Tenorio, ubicado en la avenida Roosevelt, cerca de la plaza Los Símbolos (parroquia San Pedro, Caracas), una de las residentes relata que su vivienda se inunda desde que le fueron entregadas las llaves hace unos diez años.
La casa se inunda con cada aguacero y las filtraciones han ocasionado daños por años. En el urbanismo Carlos Escarrá, ubicado en Valle Abajo (parroquia San Pedro), una edificación que tiene una década sufriendo constantes inundaciones debido al colapso de los ductos de aguas blancas y servidas que confluyen en las bases que sostienen el bloque de tres torres, de 12 pisos cada una y 145 apartamentos en total.
Enrique Larrañaga destaca que el hecho de que la vida útil de los edificios de Misión Vivienda sea tan corta y que sus habitantes no puedan costear los gastos de mantenimiento tiene una dimensión política, ya que hacen unas edificaciones que, supuestamente, van a remediar una discriminación histórica hacia determinado sector de la sociedad y, para remendar ese capote, les están dando una edificación cuyo mantenimiento no les va a ser posible y, nuevamente, van a tener que depender del Estado para que les haga el favor de pintarles el edificio.
En resumen, la Gran Misión Vivienda Venezuela ha cumplido 12 años entre grietas, inundaciones, construcciones inseguras y habitantes sin titularidad. Los problemas estructurales y las dificultades para el mantenimiento han afectado la calidad de vida de los habitantes. Es necesario buscar soluciones para garantizar la seguridad y bienestar de las personas que habitan estos urbanismos.
La situación de un edificio de la Misión Vivienda en el que se han presentado problemas en el ascensor debido a filtraciones de agua que han causado daños en las tarjetas electrónicas La Gran Misión Vivienda Venezuela es un programa social impulsado por el gobierno venezolano para construir viviendas para personas de bajos ingresos.
El techo y los parches para tapar de forma improvisada las múltiples goteras reflejan el daño que las filtraciones han ocasionado por años.
Los vecinos han logrado solventar algunos problemas trabajando en conjunto y aportando aunque sea «un dólar». En enero rompieron parte de la platabanda del edificio para acabar con algunas filtraciones «que hacen una piscina cuando llueve». Los visitó el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández; dicen que tomó fotos del lugar, pero hasta la fecha no les ha aportado soluciones.
Desde su inicio en 2011, se han construido más de 4.5 millones de viviendas en todo el país. Sin embargo, el programa ha sido objeto de críticas debido a problemas como la falta de titularidad para los habitantes de las viviendas, la falta de mantenimiento y la baja calidad de construcción en algunos casos.
En el caso específico descrito en el texto, se evidencia la falta de respuesta y atención por parte de las autoridades ante los problemas presentados en el edificio de la Misión Vivienda. Los habitantes del edificio han tenido que buscar soluciones por su cuenta y han enfrentado dificultades para hacerse propietarios de sus viviendas debido a la falta de claridad en los trámites y requisitos.
La recomendación de los expertos es la paralización del ascensor, pero los habitantes lo encienden y apagan por ratos.
La falta de titularidad y seguridad jurídica para los habitantes de las viviendas construidas por la Misión Vivienda es una problemática que afecta a miles de familias en Venezuela y ha sido denunciada por organizaciones defensoras de derechos humanos. Además, la falta de mantenimiento y calidad en algunas construcciones ha generado preocupación por la seguridad y bienestar de los habitantes.
En 2021, la Alcaldía de Libertador mandó un camión vactor (con gran poder de succión) para el mantenimiento y drenaje del sistema de alcantarillas, pero desde ese año no reciben favores de ningún tipo, pese a que los problemas se mantienen.
Para solucionar, así sea a medias, los vecinos destapan con cabillas el alcantarillado y, otras veces, pagan a jóvenes para que drenen con tobos el agua de la fosa del ascensor.
La alcaldesa Carmen Meléndez (PSUV) inauguró una cancha en enero de 2022 y los habitantes de la zona denunciaron la precaria situación de las áreas afectadas. Ella dijo que «su asistente» se encargaría, intercambiaron números de teléfono, pero desde la Misión Vivienda Carlos Escarrá le escriben y los «dejan en visto», aseguran.
A juicio del arquitecto Enrique Larrañaga, los edificios de estos urbanismos niegan la ciudad, «son edificios que buscan ser autosuficientes, que no se relacionan con el que tienen al lado, no proveen facilidades para el espacio público y tienen fallas de funcionamiento y organización muy elementales».
Destaca que estas condiciones de Misión Vivienda «afectan a todos porque esos edificios no están escondidos, están sobre la calle».
En fin en el caso del edificio de la Misión Vivienda en el que se presentaron problemas en el ascensor debido a filtraciones de agua es un ejemplo de la falta de atención y respuesta por parte de las autoridades ante los problemas de los habitantes de las viviendas construidas por el programa social.
Esta situación no solo afecta la calidad de vida de los habitantes, sino que también pone en riesgo su seguridad y bienestar, donde la falta de titularidad y seguridad jurídica para los habitantes de las viviendas construidas por la Misión Vivienda es una problemática que ha sido denunciada por organizaciones defensoras de derechos humanos, donde la falta de claridad en los trámites y requisitos para hacerse propietario de una vivienda y la falta de mantenimiento y calidad en algunas construcciones son factores que contribuyen a esta situación.
Sin titularidad
«Aquí hay mucha gente que ya no cree en el Gobierno. Yo te puedo decir que a mí Maduro no me ha dado nada, porque yo le di mi casa por esto (apartamento), y lo estamos pagando», afirma una habitante de la Misión Vivienda José Rafael Núñez Tenorio de la avenida Roosevelt.
Detalla que cuando le entregaron el apartamento pagaron una cantidad —aunque no recuerda el monto ni el concepto de pago—. «Ahora (2023) vinieron del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) y nos están cobrando 140 dólares en efectivo para el finiquito», pero esta institución les advierte que el monto subirá para quienes no cancelen a tiempo porque está anclado al petro.
No obstante, Banavih también les aclara que el pago por este monto es para la entrega del certificado de finiquito y no corresponde al pago de la vivienda, «pero quedamos en las mismas porque hasta que no paguen todos (el finiquito) el apartamento no es tuyo», sostiene la mujer.
Las entregas de las casas de Misión Vivienda se han hecho bajo la figura de «adjudicatorio»; es decir, en la mayoría de los casos se otorgan las llaves de la vivienda y un certificado provisional de ocupación que indica: «El presente certificado provisional es personalísimo e intransferible y reconoce al beneficiario antes identificado, las facultades inherentes al uso exclusivo, goce y libre aprovechamiento del inmobiliaria, quedando condicionada su disposición a la posterior protocolización del documento de propiedad».
La mujer agrega que después de este trámite «viene el pago del título de propiedad. Uno mismo tiene que buscar abogados y pagarles para legalizar esto, para poder venderlo o poder decir esto es mío«.
Sin embargo, en octubre de 2021, Nicolás Maduro afirmó que «cada familia favorecida con vivienda cuenta con su título de propiedad» y los instó a pagar «con comodidades, de acuerdo a su ingreso» para convertir ese dinero en nuevas viviendas.
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Pero la mayoría de los habitantes de estas edificaciones no han podido cancelar ni siquiera el monto para el finiquito, pues sus ingresos no se los permiten. Entonces, no queda claro bajo qué condición habitan los urbanismos de Misión Vivienda: no son propietarios ni inquilinos ni ocupantes por préstamo.
«¿Están arrimados? ¿Es una condición muy imprecisa sobre la que toca estar agradecido? Es muy malvado todo», reflexiona Enrique Larrañaga.
Para el arquitecto, vivir en una construcción de Misión Vivienda es como «estar amarrado porque, en el fondo, están viviendo prestado». Afirma que es una «trampa ideológica que estigmatiza la propiedad privada» y busca mantener «amarrado (al beneficiario) a quien se le hizo el favor de darle una vivienda».
Esta falta de titularidad para quienes habitan los apartamento construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela también se traduce en una violación de derechos humanos, pues los reduce «a la condición de súbditos que deben agradecer que les dieron un regalo».
De 2011 a 2015, de acuerdo con las Memoria y Cuenta, la Misión Vivienda había construido un total de 158 mil 958 viviendas en todo el país. A partir de 2016, el Ministerio dejó de detallar el nombre y ubicación de las obras en ejecución o entregadas. Según la página web del Ministerio de Vivienda y Hábitat hasta el presente se han fabricado 4.500.000 viviendas.
Es necesario que las autoridades asuman su responsabilidad en la atención y solución de los problemas presentados en las viviendas construidas por el programa social, además, se deben implementar medidas para garantizar la seguridad y bienestar de los habitantes y para asegurar su derecho a la titularidad y seguridad jurídica de sus viviendas.
De esta manera, se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa en la que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos.
