El gobierno venezolano ha rechazado la decisión de un tribunal del estado de Delaware en Estados Unidos que autoriza el remate de Citgo, la filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA que está bajo control de la oposición. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha acusado a Washington de dar “luz verde para el remate judicial de Citgo y todos sus equipos”.
El caso Citgo se relaciona directamente con la compensación a la canadiense Crystallex por la expropiación en 2011 de una mina en Venezuela, sin pagarle los 1.200 millones de dólares que había dispuesto un arbitraje internacional.
Muchos acreedores han intentado obtener la liquidación de sus deudas demandando a Citgo, con sede en Houston, Texas, y que cuenta con tres refinerías y una red de estaciones de servicio en Estados Unidos.
El gobierno venezolano no reconoce la decisión judicial y ha expresado que no reconocerá ningún tipo de acuerdo de pago a acreedor alguno que no esté dirigido por el Estado venezolano. La licencia 42, emitida por el Departamento de Estado de EE. UU., ha sido considerada como violatoria de las leyes de Venezuela y del derecho internacional.
La vicepresidenta Rodríguez ha enfatizado que estos actos son nulos.
La decisión de rematar Citgo ha generado una fuerte oposición por parte del gobierno venezolano, que ha rechazado la licencia emitida por el Departamento de Estado de EE. UU. y ha expresado su compromiso de no reconocer ningún tipo de acuerdo de pago que no esté dirigido por el Estado venezolano.
El caso Citgo sigue siendo un tema polémico en la relación entre Venezuela y EE. UU. que afecta directamente los intereses económicos de ambas naciones.
