En un lapso de cinco meses, tanto el presidente de Perú, Pedro Castillo, como el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, han tomado la decisión de disolver el Congreso en sus respectivos países.
Sin embargo, existen notables diferencias en las circunstancias y los fundamentos legales que respaldan estas acciones. Este artículo examinará las disparidades entre ambos casos.
En términos constitucionales, hay una diferencia clave “en cuanto a la forma y el método, ya que en Ecuador el presidente puede actuar de inmediato cuando lo considere necesario, mientras que en Perú el presidente debe seguir un proceso administrativo, operativo y legal”, explicó el analista internacional Luis Alberto Villamarín.
En Ecuador, Lasso se amparó en una acción respaldada por la Constitución de su país -establecida en 2008- que permite al presidente disolver la Asamblea Nacional en caso de “grave conmoción interna y política”. Esta facultad queda a discreción del mandatario, siempre y cuando se cumplan ciertas circunstancias, como el bloqueo de las acciones de la legislatura al funcionamiento del gobierno.
Al decretar la disolución del legislativo, a través de la denominada “muerte cruzada”, se deben celebrar elecciones generales anticipadas, poniendo en juego también el futuro político del presidente, con el objetivo de renovar los poderes legislativo y ejecutivo.
Actualmente, Lasso puede gobernar por decreto durante un máximo de seis meses, bajo la supervisión de la Corte Constitucional.
En el caso peruano, el expresidente Castillo, quien enfrentaba un juicio político en su contra, disolvió el Congreso el 7 de diciembre, anunció que gobernaría por decreto e instaló un gabinete de emergencia nacional. En este sentido, recurrió a una de sus facultades respaldada por el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, que establece que “el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”.
Como antecedente, el 11 de noviembre anterior, el Congreso de Perú se negó a atender una moción de confianza y el gobierno de Castillo la consideró rechazada, lo que requeriría solo una segunda negativa. Sin embargo, un día antes de la disolución, el Tribunal Constitucional peruano informó que aún no estaba de acuerdo en interpretar si las solicitudes previas eran cuestiones de confianza y que Castillo no tenía la facultad de cerrar el Parlamento.
Según Germán Sahid, catedrático de la Universidad del Rosario, lo ocurrido en Perú fue “ilegal”, mientras que el caso en Ecuador es “legal”. Sahid sostiene que Castillo anuló una rama del poder público de manera abusiva y contraria al orden constitucional, lo cual es contrario al espíritu democrático de la Constitución peruana.
En resumen, las diferencias radican en el respaldo constitucional que Lasso tiene para su procedimiento, mientras que Castillo no cumplió con el debido proceso legal.
Apoyo de las Fuerzas Militares
En ambos países, las fuerzas militares desempeñan un papel importante en la defensa de la Constitución y el mantenimiento del orden constitucional. En Perú, opositores y expertos constitucionales consideraron la acción de Castillo como un “golpe de Estado”.
Las Fuerzas Militares dieron la espalda al expresidente y expresaron su respaldo a la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, en lo que se denominó un autogolpe.
Por otro lado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Ecuador aseguraron que la decisión de Lasso de disolver la Asamblea estaba amparada por la Constitución.
Diferentes destinos
Los analistas señalan diferencias significativas en los destinos de los mandatarios. Villamarín destaca las ventajas que Lasso tiene sobre Castillo en términos de habilidades gerenciales, nivel cultural, conocimiento sociopolítico del país, relaciones con el sector productivo, mayor confianza de la Casa Blanca, relaciones respetuosas con las instituciones militares, seguidores políticos mejor estructurados, una relación relativamente mejor con los medios y capacidad gubernamental, entre otros aspectos.
Además, Galeano menciona que, a diferencia de Castillo, la actual presidenta de Perú ha ocupado el cargo sin convocar a elecciones.
Aunque tanto Castillo como Lasso han disuelto el Congreso en sus respectivos países, existen diferencias notables en las circunstancias y los fundamentos legales que respaldan estas acciones.
Mientras que Lasso se ampara en la Constitución ecuatoriana, Castillo ha sido objeto de críticas por la falta de cumplimiento del debido proceso legal en Perú.
Las Fuerzas Militares también han desempeñado roles distintos en cada país, mostrando apoyo a diferentes actores políticos.
Los destinos de los mandatarios difieren en términos de habilidades y perspectivas políticas. En última instancia, el futuro político y la estabilidad de cada país dependerán de cómo se desarrollen los eventos en los próximos meses.
