Los adultos mayores están enfrentando graves problemas relacionados con la invasión de sus propiedades y la morosidad de sus inquilinos. Ante la falta de respuesta por parte de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), los ciudadanos se han visto obligados a recurrir a las redes sociales para solicitar ayuda a otros organismos estatales.
Estos casos son cada vez más frecuentes en las plataformas digitales, y muchos de ellos son protagonizados por adultos mayores que han dejado de recibir el pago del alquiler o que han sido víctimas de la invasión de sus hogares o locales comerciales.
La falta de atención y soluciones por parte de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi) ha llevado a los propietarios de inmuebles, en su mayoría adultos mayores, a buscar alternativas para resolver los conflictos que enfrentan.
Ante la demora y la falta de resultados por parte de la Sunavi, han recurrido a las redes sociales en busca de apoyo de otros organismos estatales.
Los casos de invasión de viviendas y la morosidad de los inquilinos se han vuelto cada vez más comunes en las plataformas digitales. Los propietarios, especialmente los adultos mayores, han encontrado en la campaña “El Ministerio Público protege al adulto mayor” una oportunidad para solicitar la intervención del fiscal general, Tarek William Saab, en busca de una solución inmediata.
La Sunavi, por su parte, podría tardar hasta 10 años en resolver estos casos.
Un ejemplo de esta situación es el caso de José Antonio Rojas, un hombre de 81 años que dedicó su vida a construir su vivienda, la cual ahora está siendo ocupada por personas “inescrupulosas” que abusaron de su confianza y se niegan a desalojarla. José Antonio, quien padece de hipertensión y una hernia inguinal, ha agotado todas las vías posibles en diferentes organismos estatales y ha recurrido al Ministerio Público en busca de ayuda.
En un video difundido en las redes sociales, José Antonio hizo un llamado al fiscal general para que lo ayude a recuperar su casa ubicada en el barrio Francisco de Miranda, en el municipio Linares Alcántara del estado Aragua. Expresó su preocupación como una persona enferma y solicitó el apoyo necesario para resolver esta situación injusta.
La problemática de las invasiones a propiedades y la morosidad de los inquilinos afecta gravemente a los adultos mayores, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La búsqueda de soluciones se ha convertido en una lucha constante, y recurrir al Ministerio Público se ha convertido en una esperanza para aquellos que no han recibido la atención adecuada de otros organismos del Estado.
Es fundamental que se tomen medidas efectivas para proteger los derechos de los adultos mayores y garantizar que puedan vivir de manera segura y tranquila en sus propiedades. La atención y respuesta oportuna por parte de los organismos estatales es esencial para resolver estos casos y evitar que los adultos mayores continúen siendo perjudicados en sus derechos y bienestar.
Es necesario que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi) revise sus procesos y agilice la resolución de conflictos relacionados con la invasión y la morosidad de los inquilinos.
Además, se requiere una mayor sensibilización y concientización sobre los derechos de los adultos mayores en cuanto a la protección de sus propiedades. Es fundamental que existan mecanismos legales efectivos para abordar estas situaciones y brindarles el apoyo necesario a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
La campaña “El Ministerio Público protege al adulto mayor” es un llamado a la acción para que las autoridades competentes intervengan y resuelvan estos casos de manera rápida y justa. Los adultos mayores merecen vivir con dignidad y seguridad, y es responsabilidad del Estado garantizar la protección de sus derechos.
Esperamos que las solicitudes de ayuda de los propietarios afectados, especialmente los adultos mayores, sean atendidas por el Ministerio Público y que se tomen medidas concretas para resolver estos problemas. La justicia y el respeto a los derechos de los adultos mayores deben prevalecer, y es imperativo que se tomen acciones para protegerlos de las invasiones y la morosidad de los inquilinos.
