La instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela ha generado expectativas y controversia en el ámbito jurídico y político.
Tras la tercera visita del fiscal del organismo internacional, Karim Khan, se espera que esta iniciativa contribuya a fortalecer el sistema de Justicia en el país y permita investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad, sin embargo, algunos expertos advierten que la asistencia técnica debe ser transparente y efectiva para lograr resultados concretos.
La oficina de la CPI en Venezuela representa una oportunidad para conocer más de cerca el contexto venezolano y contribuir al rescate de la institucionalidad del sistema de Justicia, donde la asistencia técnica debe ir más allá de la mera formación y generar condiciones reales para investigaciones y enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad.
Además, es necesario que haya transparencia en la gestión y comunicación permanente con la sociedad venezolana y todos los actores interesados, además la asistencia técnica de la CPI en Venezuela puede ser una oportunidad para fortalecer el sistema de justicia y lograr avances en la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, esto solo será posible si se implementan reformas sustanciales y significativas y se garantiza la transparencia en la gestión. La supervisión de la CPI puede ser una herramienta efectiva para lograr estos objetivos, pero también debe respetar la soberanía del Estado venezolano.
