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Sucesos

Funcionario del Cicpc es asesinado por un GNB después de no obedecer una orden de alto

En el estado de Yaracuy, se registró un trágico suceso en el cual perdió la vida un valioso funcionario del Cicpc, el Detective Jefe Anderlis Antonio Arriechi Romero, a manos de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El incidente ocurrió en la Carretera Panamericana, en dirección a San Felipe-Marín, específicamente en el sector La Cuchilla. En este artículo, examinaremos los detalles de este lamentable episodio que involucra a dos organismos de seguridad del país.

Según la información proporcionada por las autoridades policiales, el Sargento Morillo Gil Luis Alberto, junto a una comisión de la GNB, se encontraba en la zona cuando avistó a dos individuos desplazándose en una motocicleta Bera de color azul. El sargento les ordenó detenerse, pero los individuos hicieron caso omiso de la orden y, en su lugar, aceleraron su velocidad. Ante esta situación, el sargento decidió abrir fuego contra ellos, hiriéndolos durante el proceso.

Tras los disparos, las víctimas cayeron al suelo y fueron socorridas por las autoridades presentes en el lugar. Fue en ese momento cuando se percataron de que uno de los heridos era un funcionario del Cicpc, el Detective Jefe Anderlis Antonio Arriechi Romero. Lamentablemente, los esfuerzos por salvar su vida resultaron infructuosos y perdió la vida a consecuencia de las heridas recibidas.

Este trágico episodio evidencia una confrontación lamentable entre dos organismos encargados de la seguridad ciudadana en el país. La falta de acatamiento a la orden de alto por parte de los individuos en la moto y la posterior reacción del sargento de la GNB tuvieron como consecuencia la pérdida de la vida de un valioso funcionario del Cicpc.

Es fundamental que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades pertinentes. Esta tragedia debe ser un llamado a la reflexión sobre la importancia del trabajo conjunto y la necesidad de evitar acciones que pongan en riesgo la vida de quienes están dedicados a proteger a la ciudadanía.