La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una condena en relación a las “restricciones al derecho a la participación política y a la libertad de asociación” en Venezuela. Esta condena abarca tanto a los candidatos a las primarias del 22 de octubre como a las personas que protestan por sus derechos en el país. En este artículo, examinaremos las principales preocupaciones planteadas por la CIDH, incluyendo las inhabilitaciones de candidatos y las detenciones arbitrarias, y exploraremos las posturas internacionales y nacionales respecto a esta situación.
La CIDH expresa su preocupación por las restricciones impuestas a los candidatos María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano, que aunque no les impiden participar en las primarias, les bloquean la posibilidad de inscribirse como candidatos presidenciales. Además, la comisión enfatiza la importancia de permitir el ejercicio de la protesta pacífica como un derecho fundamental en una democracia.
La CIDH sostiene que ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos de elegir y ser elegido mediante sanciones de inhabilidad o destitución. Las medidas administrativas impuestas en Venezuela están siendo consideradas como parte de una política estatal que busca limitar el espacio cívico y la participación política de ciertos actores.
La CIDH destaca la detención arbitraria de sindicalistas de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco y subraya que estas acciones se suman a las detenciones de trabajadores que han tenido lugar durante el año en circunstancias similares. Estas detenciones y las inhabilitaciones forman parte de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico en el país.
La CIDH hace un llamado urgente al Estado venezolano para que adopte un compromiso genuino con la democracia, levantando las inhabilitaciones administrativas, evitando las detenciones arbitrarias y permitiendo la participación política plena y sin restricciones. El respeto a los derechos políticos y la defensa de la democracia son fundamentales para garantizar un ambiente propicio para el desarrollo del país.
La condena de la CIDH y el respaldo del Parlamento Europeo a los políticos antichavistas inhabilitados han generado reacciones encontradas. Mientras que la oposición agradece el apoyo recibido, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista ha rechazado estas medidas en una sesión en la que se aprobó un acuerdo por unanimidad.
Las restricciones al derecho a la participación política y a la libertad de asociación en Venezuela han sido condenadas por la CIDH. La situación de inhabilitaciones de candidatos y detenciones arbitrarias evidencia una política de Estado que busca limitar el espacio cívico en el país. Es crucial que el Estado venezolano asuma un compromiso genuino con la democracia, permitiendo la participación política plena y sin restricciones. Las posturas internacionales y nacionales frente a esta situación reflejan la complejidad y la polarización política en Venezuela. En este contexto, es fundamental seguir promoviendo el respeto a los derechos humanos y la defensa de la democracia como bases fundamentales para el desarrollo del país.
