La Corte Penal Internacional (CPI) ha rechazado los argumentos presentados por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para suspender las facultades investigativas del Fiscal Karim Khan. La ONG Provea ha publicado detalles sobre este recurso dilatorio presentado por el Estado venezolano, y en este texto se abordarán los puntos clave que llevaron a la decisión de los jueces de la CPI.
El Gobierno de Maduro argumentó que la reanudación de las funciones investigativas del Fiscal tendría consecuencias irreversibles para el Memorándum de Entendimiento suscrito entre el Gobierno y la Oficina del Fiscal. Sin embargo, los jueces de la CPI rechazaron este argumento al afirmar que Venezuela no demostró la existencia de tal riesgo, ya que el Fiscal de la CPI se ha comprometido a mantener la cooperación con el Estado.
Maduro alegó que la reanudación inmediata de la investigación anularía el propósito de la apelación, ya que el gobierno sostendría que los hechos investigados por la Fiscalía no son de competencia de la CPI. No obstante, los jueces consideraron que Venezuela no explicó cómo la reanudación de la investigación frustraría el propósito de la apelación, sin especificar qué actividades de investigación llevarían a consecuencias irreversibles en caso de que la investigación fuera anulada en apelación.
El Gobierno de Venezuela argumentó que las investigaciones del Fiscal de la CPI, que implican entrevistas con testigos y presuntas víctimas, generarían “un trauma innecesario y mancillarían la integridad de la evidencia”. No obstante, los jueces desestimaron este argumento al señalar que el Estado solamente especuló sobre las implicaciones de las actividades de la Fiscalía de la CPI en testigos y víctimas, sin demostrar que la reanudación de la investigación daría lugar a consecuencias difíciles de corregir y potencialmente irreversibles.
La Corte Penal Internacional ha rechazado los tres argumentos presentados por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para suspender las facultades investigativas del Fiscal Karim Khan. La ONG Provea destaca que esta decisión es similar a la tomada en el caso de Filipinas, donde también se negaron a suspender las facultades investigativas del Fiscal. Las autoridades de Panamá han ratificado la eficiencia en el trato humanitario y en la seguridad de los migrantes que atraviesan el peligroso Tapón del Darién, enfrentando un desafío migratorio sin precedentes en la región. Los próximos meses serán clave para evaluar la situación y ofrecer soluciones efectivas y sostenibles ante esta creciente crisis humanitaria.
