El informe presentado por Clima 21 y Mulier Venezuela arroja luz sobre las graves implicaciones del deterioro ambiental en los derechos humanos de las mujeres en Venezuela. En esta reveladora entrevista, Estefanía Mendoza, cofundadora y coordinadora de Planificación, Programas y Proyectos de la ONG Mulier, aborda los principales aspectos de este estudio. Dos áreas cruciales se destacan: el Arco Minero del Orinoco (AMO) y la explotación acelerada del carbón en el estado Zulia. Ambas actividades están provocando problemas socioambientales significativos que afectan de manera desproporcionada a grupos tradicionalmente vulnerables, incluyendo a las mujeres.
Minería en el Arco Minero del Orinoco: Violencia, Explotación y Desplazamiento
El AMO, infamemente conocido, es el escenario de grupos armados que imponen su control mediante violencia y coerción. Las mujeres son las principales víctimas de explotación laboral y sexual en este entorno. En particular, las comunidades indígenas se ven obligadas a desplazarse o a perder sus medios de vida tradicionales, lo que representa un alto costo para sus vidas y sus culturas. Además, la minería se asocia con la propagación de enfermedades endémicas, como la malaria, y la grave contaminación por mercurio, que puede tener consecuencias neurológicas devastadoras para los fetos en desarrollo. Los niños y niñas, lamentablemente, a menudo son utilizados en estas minas, enfrentando peligros extremos.
Servicios Públicos Ausentes: El Impacto en Mujeres y Niños
La falta generalizada de servicios públicos también golpea duramente a las mujeres y a los niños y niñas. La escasez de gas doméstico las obliga a cocinar con leña, lo que afecta su salud pulmonar y contribuye a la deforestación. La búsqueda constante de agua potable debido a la escasez consume gran parte de su tiempo, afectando su salud mental al enfrentar la carga de gestionar la vida cotidiana en condiciones precarias. Muchas niñas dejan de asistir a la escuela y se ven excluidas de actividades recreativas debido a la falta de agua potable para la higiene personal.
El informe resalta la urgencia de abordar el deterioro ambiental y sus impactos desproporcionados en las mujeres y los niños en Venezuela. Es crucial que el Estado venezolano asuma su responsabilidad en la protección de los derechos en estos contextos. Se insta a las autoridades a tomar medidas efectivas para garantizar servicios públicos accesibles y seguros, así como para abordar los problemas de violencia y explotación en el AMO. La defensa de los derechos ambientales y humanos debe ser una prioridad en el país.
