En un impactante fallo emitido por el juzgado penal colegiado subespecializado en violencia en el Callao, Perú, Wendy Yubiri Muñoz, una venezolana de 37 años, ha sido condenada a 30 años de pena privativa de la libertad por el aberrante delito de explotación sexual de su propia hija, una menor de 13 años. Este caso, que ha conmocionado a la sociedad, revela la triste realidad de la vulnerabilidad de los menores frente a la explotación y la violencia.
Sentencia Implacable: El tribunal del poder judicial del Callao dictaminó la sentencia contra Wendy Yubiri Muñoz, imponiéndole una condena de tres décadas de prisión por el delito de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. La decisión incluye, además, la obligación de abonar una reparación civil de 10 mil soles a favor de la menor agraviada.
Reo Contumaz y Orden de Captura: En el mismo proceso, Rolf Del Águila Saavedra, cliente de esta explotación y procesado por violación sexual de menor de edad, fue declarado reo contumaz. El tribunal emitió una orden de ubicación y captura, reservando el proceso hasta su localización.
Denuncia Impactante: El caso salió a la luz el 22 de julio de 2022, cuando la directora del colegio y el tutor de la menor informaron a las autoridades que la niña reveló que su madre la prostituía con Del Águila Saavedra. Este individuo pagaba constantemente 100 soles por 30 minutos de explotación. La niña y su madre, aparentemente, vendían botellas de agua en la vía pública para encubrir este atroz delito.
Amenazas y Vulnerabilidad: El testimonio de la víctima desgarradoramente revela que su madre la obligaba bajo amenazas, argumentando que debía hacerlo por el bienestar de sus hermanos y para asegurar que no carecieran de alimentos. La situación expone la vulnerabilidad extrema de la menor y la explotación emocional ejercida sobre ella.
El fallo condenatorio evidencia la gravedad de la explotación sexual infantil y la urgencia de medidas efectivas para proteger a los menores. Este caso, que ha dejado al descubierto la desgarradora realidad que enfrentan algunos niños, resalta la importancia de fortalecer los sistemas de protección infantil y generar conciencia sobre los peligros que acechan a los más vulnerables.
La sociedad y las autoridades deben intensificar los esfuerzos para prevenir y combatir la explotación sexual infantil. Es crucial fortalecer los mecanismos de denuncia y promover una cultura de protección que garantice un entorno seguro para todos los niños. La condena a Muñoz debería servir como advertencia y motivación para implementar políticas más efectivas que resguarden los derechos fundamentales de los menores en riesgo.
