En una operación sorprendente y sin previo aviso, las autoridades de seguridad tomaron el Colegio San Agustín en la urbanización El Marqués, estado Miranda, para albergar y trasladar a un grupo de reclusos hacia la Zona 7 de Boleíta. Este inusual suceso, que ha generado consternación entre la comunidad educativa y los padres, se llevó a cabo en horas de la madrugada, sin notificación previa.
- Acción No Notificada: El sorpresivo traslado de detenidos al Colegio San Agustín tomó por sorpresa a padres y representantes, quienes no fueron notificados previamente de esta operación. La falta de comunicación generó molestia y desconcierto entre la comunidad escolar.
- Situación en el Colegio: Según informes, alrededor de 150 reclusos ocupan ahora las instalaciones deportivas del colegio, rodeados por un significativo contingente de unos 300 guardias. La situación ha generado tensiones y preguntas sin respuesta, mientras los padres que llegaron al lugar expresan su preocupación.
- Declaraciones Desconcertantes: Un hombre que habló desde las puertas de la institución manifestó que la situación “se les escapó de las manos”. A pesar de la presencia de numerosos guardias custodiando a los detenidos, la explicación de que “fue algo que se les escapó de las manos” no ha satisfecho las inquietudes de los padres presentes.
- Rechazo y Denuncia: La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes expresó su rechazo ante este hecho inusual, considerándolo una violación de los derechos de los estudiantes, docentes y personal del colegio. La presencia de detenidos y militares en las áreas deportivas del plantel ha generado un cuestionamiento ético y de seguridad.
Este episodio plantea serias interrogantes sobre los protocolos de seguridad y la comunicación efectiva entre las autoridades y la comunidad escolar. La falta de notificación y la respuesta vaga sobre cómo esta situación se les “escapó de las manos” subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos para garantizar la integridad y tranquilidad de los estudiantes y sus familias. La atención a esta situación inusual es imperativa para restablecer la confianza en la seguridad de las instituciones educativas.
