Este 29 de noviembre, el gobierno de Nicolás Maduro organizó un simulacro del referendo por el Esequibo en liceos y escuelas de Venezuela. Aunque el Ministerio de Educación informó de la participación estudiantil a nivel nacional, la actividad generó controversias y fue objeto de rechazo por parte de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) y la Federación Venezolana de Maestros (FVM).
- Oposición de Fenasopadres: Nancy Hernández, presidenta de Fenasopadres, expresó su desacuerdo con la utilización de planteles educativos para actividades políticas, calificando la situación como un intento de “proselitismo político” y manipulación de menores. Subrayó la importancia de enseñar a los estudiantes la “verdad histórica” y cuestionó el entorno que rodea este tipo de consultas.
- Postura de la FVM: Carmen Teresa Márquez, presidenta de la FVM, señaló que la participación de adolescentes en un proceso de voto simbólico representa una violación a la Constitución, ya que el artículo 64 establece que la edad mínima para votar es de 18 años. Márquez hizo énfasis en la necesidad de formar a los jóvenes para la libertad y rechazó la actividad como un irrespeto.
- Irregularidades Denunciadas: Desde el Liceo Bolivariano Naricual, una representante denunció irregularidades en el simulacro, alegando que su hijo de 14 años fue presionado para votar bajo amenazas de consecuencias académicas. La denuncia señala un presunto secuestro de estudiantes en el liceo con el propósito de garantizar su participación en la actividad.
- Violación de Derechos y Coacción: Usuarios en redes sociales reportaron haber recibido mensajes vía WhatsApp solicitando autorización para que sus hijos participaran en el simulacro. Fenasopadres denunció que algunos planteles enviaron formularios aprobados por el Ministerio de Educación, presionando a los padres para consentir la participación de los estudiantes. Esto, según la organización, constituye una violación al derecho a la patria potestad.
El rechazo de Fenasopadres y FVM a la utilización de planteles educativos para actividades políticas resalta la importancia de preservar la objetividad y la integridad del entorno educativo. La denuncia de irregularidades y la presunta coacción a estudiantes plantean interrogantes sobre la legitimidad y ética de este tipo de simulacros en el ámbito estudiantil. La protección de los derechos de los padres y la formación libre de los jóvenes deben prevalecer en cualquier actividad que involucre su participación política.
