El tiempo se agota en Venezuela para aquellos líderes políticos de oposición que buscan revertir las inhabilitaciones que les impiden participar en cargos públicos.
María Corina Machado, figura destacada de la coalición opositora y aspirante a las elecciones presidenciales de 2024, se encuentra entre aquellos afectados por estas restricciones. Este plazo, fruto de un acuerdo entre el gobierno y la oposición, marca un momento crucial en el panorama político venezolano.
Solicitudes de Revisión
El plazo, en vigor desde el 1 de diciembre, ha presenciado la presentación de solicitudes ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por parte de dos prominentes opositores: el periodista Leocenis García y el exalcalde Daniel Ceballos. Sin embargo, todas las expectativas recaen sobre María Corina Machado, quien se ha erigido como la principal figura de la oposición tras su rotundo triunfo en las primarias de octubre, obteniendo un respaldo abrumador con 2,25 millones de votos a su favor.
Incertidumbre y Declaraciones
No obstante, Machado, inhabilitada desde 2015 y con una extensión de restricción hasta 2030, ha alegado no haber sido notificada oficialmente sobre dicha medida, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad de recurrir. En sus declaraciones, reafirma su posición, expresando la dificultad de tomar medidas legales si no se ha notificado oficialmente.
Negociaciones y Expectativas Internacionales
El respaldo a Machado se vincula con un precedente judicial referente a la habilitación del actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, en 2017. Este contexto se enmarca en un momento crucial, ya que Noruega, mediador en las negociaciones venezolanas, anunció un proceso establecido por el TSJ para revisar estas inhabilitaciones. Esta situación se intensifica ante las expectativas internacionales, especialmente con la fecha límite fijada por Estados Unidos para ciertas acciones por parte de Venezuela a cambio de mantener el alivio de sanciones.
En medio de este complejo escenario político y diplomático, Venezuela se encuentra en un momento crucial donde las decisiones podrían impactar significativamente su futuro. Es imperativo que las autoridades venezolanas trabajen en un marco que garantice la transparencia y el respeto por las instituciones legales. Más allá de los acuerdos internacionales, se requiere una atención precisa y justa hacia las limitaciones políticas para salvaguardar la democracia y la participación ciudadana. La revisión justa y equitativa de las inhabilitaciones podría allanar el camino hacia una mayor estabilidad política y democrática en el país
