La situación en el estado Bolívar alcanza niveles alarmantes, con informes preocupantes de militares que agreden a la comunidad pemona Ayu Toy. Provea, a través de su investigador Inti Amarú, emite una advertencia urgente sobre los ataques perpetrados por 80 militares contra estos ciudadanos, resaltando la vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente a la creciente militarización y la explotación minera en la región.
Asalto a Ayu Toy Pemona:
Según Inti Amarú, investigador de Provea, unos 80 militares llegaron en cuatro helicópteros a la comunidad Ayu Toy Pemona en Bolívar. Estos uniformados no solo atacaron a los residentes sino que también acosaron y amenazaron a entre uno y 600 vecinos, quienes se ven obligados a trabajar en la mina debido a la falta de atención gubernamental y al aumento de las prácticas extractivas en la región.
Contexto Regional de Vulnerabilidad:
El investigador Provea resalta que Ayu Toy no está sola en esta situación; otras comunidades en la región han reportado circunstancias similares. La explotación minera impulsa a las poblaciones indígenas a riesgos, abandono y vulnerabilidad, comprometiendo sus derechos fundamentales. Esta realidad preocupante se evidencia en la misión de investigación y en los informes de diversas organizaciones de derechos humanos.
Riesgos y Militarización:
La preocupación se profundiza ante la posibilidad de un aumento en los operativos de seguridad en Bolívar y la consiguiente militarización, intensificando los riesgos para las comunidades más vulnerables. La disputa por la zona minera añade un peligro adicional, y Provea destaca la necesidad apremiante de proteger a estas poblaciones de las amenazas tanto estatales como de grupos armados.
Impacto Mortal de la Minería Ilegal:
El contexto se torna aún más sombrío con el informe de Fundaredes, que documenta 44 personas asesinadas entre 2019 y 2023 en el contexto de la minería ilegal en Bolívar y Amazonas. Veinte de estas víctimas pertenecen a los pueblos indígenas de la región, subrayando el alto costo humano de la explotación minera descontrolada.
La falta de garantías de derechos fundamentales para las comunidades indígenas en Bolívar, exacerbada por la minería ilegal y la militarización, exige una reflexión urgente. La seguridad personal, la salud y el derecho al hábitat y tierras de estas poblaciones están en riesgo, planteando interrogantes sobre la capacidad y voluntad del Estado venezolano para proteger a sus ciudadanos más vulnerables.
En un panorama donde la vulnerabilidad de las comunidades indígenas se ve amenazada por la explotación minera y la presencia militar, es imperativo que la sociedad y las autoridades trabajen de la mano para salvaguardar los derechos fundamentales de estos ciudadanos. La reflexión sobre estos eventos debe convertirse en acción concreta para garantizar un futuro más seguro y equitativo para las comunidades indígenas en Bolívar.
