Una madre venezolana, identificada como Alejandra para preservar su seguridad, se vio inmersa en una odisea jurídica al intentar recuperar a su hija adolescente, víctima de trata de personas en Colombia.
Este caso, marcado por la vulneración de derechos y obstáculos legales, pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los migrantes venezolanos en territorio colombiano, especialmente en situaciones tan sensibles como el rescate y la custodia de menores.
Batalla Legal por la Custodia
La situación comenzó cuando Alejandra denunció la captación de su hija por una red criminal internacional de trata de personas en la frontera entre Táchira y Norte de Santander.
Aunque las autoridades colombianas rescataron a la joven en Ibagué, la entregaron al departamento del Tolima, a una distancia considerable de la frontera.
Esto desencadenó una extensa batalla legal para que el Estado colombiano le devolviera la custodia de su hija.
Obstáculos y Falta de Respuestas
A pesar del rescate temprano de la adolescente, la madre enfrentó un largo proceso judicial. A pesar de las acciones legales presentadas, incluyendo denuncias contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, las respuestas de las autoridades fueron insuficientes.
Se señaló la falta de garantías y la aparente negligencia en la protección de los derechos humanos, especialmente los de la menor venezolana en suelo colombiano.
Xenofobia en Instituciones y Respuestas Insatisfactorias
Las acciones legales presentadas incluyeron solicitudes de tutela que implicaban al Gobierno venezolano, pero las respuestas de las instituciones colombianas no satisficieron las necesidades urgentes del caso. Además, se evidenció xenofobia en algunas instancias, como Bienestar Familiar de Ibagué y Cúcuta, al restringir el traslado de la menor o negar su entrega a autoridades venezolanas.
Desprotección y Riesgos para los Migrantes
El caso expuso la falta de protección y atención hacia migrantes venezolanos en Colombia, lo cual se agravó al tratarse de una situación de trata de personas. Organizaciones como Amnistía Internacional resaltaron la doble desprotección que enfrentan las refugiadas venezolanas, destacando la ausencia de respaldo internacional y la negación de derechos básicos, potenciando los riesgos a los que se enfrentan.
El caso de Alejandra y su hija evidencia las deficiencias en la protección y garantía de derechos para los migrantes venezolanos en Colombia. Ante esta situación, es crucial que ambos gobiernos refuercen la asistencia legal a sus ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad como esta. Se necesitan acciones concretas para evitar la xenofobia en instituciones, agilizar procesos legales y garantizar la seguridad y protección de los migrantes, especialmente de los menores. La cooperación internacional y la atención efectiva a los casos de trata de personas son fundamentales para evitar situaciones similares y proteger los derechos humanos de todos los involucrados.
