La lucha contra la minería ilegal en Venezuela continúa siendo una prioridad para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Recientemente, el general en jefe Domingo Hernández Lárez compartió a través de sus redes sociales los resultados de las operaciones en curso.
Se han realizado desalojos significativos en la Gran Sabana, con más de 491 personas evacuadas, así como la desarticulación de una ciudadela minera ilegal en el Parque Nacional Caura. Estas acciones son parte de un esfuerzo continuo para mantener el orden jurídico y proteger los recursos naturales del país.
Desalojo en la Gran Sabana
El general Hernández Lárez informó sobre el éxito de la operación Roraima 2024 en la Gran Sabana, donde se llevaron a cabo desalojos de mineros ilegales.
Más de 491 personas fueron evacuadas de la zona, lo que representa un paso significativo en la lucha contra esta actividad ilegal que amenaza el medio ambiente y la estabilidad de la región.
Desmantelamiento de ciudadela en el Parque Nacional Caura
Además del desalojo en la Gran Sabana, la FANB también logró desmantelar una ciudadela de minería ilegal conocida como La Colonial.
Esta ciudadela había sido erigida en el Parque Nacional Caura, violando las leyes territoriales y representando una amenaza para la biodiversidad y los ecosistemas frágiles de la región. La acción de la FANB refleja su compromiso con la protección de los recursos naturales y la preservación de áreas protegidas.
Descubrimiento de campamento ilegal en Amazonas
La operación Escudo Bolivariano Neblina 2024 también arrojó resultados significativos en el estado Amazonas. Durante misiones de patrullaje, se localizó un campamento minero ilegal en el sector Caño Grande del municipio Atabapo. Este descubrimiento subraya la importancia de la vigilancia continua en áreas vulnerables y la necesidad de una respuesta firme contra actividades que amenacen la biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales.
Las acciones recientes de la FANB en la lucha contra la minería ilegal en Bolívar y Amazonas son un recordatorio de la importancia de proteger nuestros recursos naturales y mantener el orden jurídico en todo momento. Es crucial continuar con el patrullaje y la vigilancia en áreas sensibles para evitar la proliferación de actividades ilegales que causan daños irreparables al medio ambiente y a las comunidades locales.
Se insta a una mayor cooperación entre las autoridades locales, las comunidades indígenas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley para abordar de manera efectiva este desafío. La protección de nuestros recursos naturales es responsabilidad de todos, y solo trabajando juntos podemos garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
