Tras 456 días de detención injusta en un helipuerto de Trinidad y Tobago, un adolescente venezolano finalmente recibe una compensación de 370 mil dólares por parte de la Corte Suprema del país caribeño. Este caso ha generado un amplio debate sobre los derechos de los migrantes y la responsabilidad del Estado en proteger a todos los ciudadanos por igual.
La jueza Margaret Mohammed, en un dictamen de 114 páginas, reconoció la injusticia sufrida por el adolescente venezolano, quien fue detenido y tratado de manera injusta por altos oficiales en el helipuerto de Chaguaramas.
La compensación de 370 mil dólares refleja el desacuerdo de la corte con la conducta del fiscal general y el director de la Oficina de Inmigración, quienes permitieron la detención prolongada del suramericano.
Cuestionamientos y llamados a la justicia
La magistrada también destacó la necesidad de enjuiciar a los responsables por su mala conducta, enviando un mensaje claro de que tales acciones no serán toleradas.
Además, señaló la indignante violación de los derechos del menor, subrayando la obligación legal del Estado de proteger a todos los menores, independientemente de su nacionalidad.
Travesía legal: De la detención a la compensación
El adolescente, junto con su madre, fue detenido cuando regresaron a Trinidad después de ser deportados a Venezuela en 2020. A pesar de obtener órdenes judiciales que impedían su deportación, fueron detenidos injustamente en el helipuerto durante más de un año. Finalmente, en marzo de 2022, el Consejo Privado de Trinidad y Tobago determinó la injusticia del arresto del menor, lo que condujo a su liberación.
Este caso resalta la importancia de proteger los derechos de los migrantes y garantizar un trato justo y humano para todos. Las autoridades deben tomar medidas para prevenir la repetición de tales injusticias y garantizar que todas las personas, independientemente de su origen o estatus migratorio, sean tratadas con dignidad y respeto. Es fundamental que se establezcan mecanismos efectivos para proteger los derechos de los menores migrantes y asegurar que se cumplan las leyes internacionales de derechos humanos.
