En un reciente desarrollo judicial, el teniente coronel Jorge José González Hernández, comandante del destacamento 132 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Coro, Falcón, ha sido detenido y enfrenta cargos graves según el código militar.
Este acontecimiento ha generado atención debido a las acusaciones en su contra y las implicaciones que esto conlleva.
Imputaciones y privativa de libertad
Tras una orden de aprehensión emitida en febrero por el tribunal militar, González Hernández fue arrestado en Amazonas y posteriormente llevado ante el tribunal correspondiente.
Allí, se le imputaron delitos como abandono de funciones, contra la seguridad de la FANB y falsedad, de acuerdo al Código Orgánico de Justicia Militar. La decisión del tribunal fue contundente: decretar la privativa de libertad y ordenar su reclusión en un centro penitenciario militar en el estado Monagas.
Acusaciones y presunta extorsión
Las acusaciones contra González Hernández se centran en su presunta participación en una operación de extorsión relacionada con la realización de una experticia a dos embarcaciones del Grupo Camacaro Hoyos en diciembre de 2022.
En ese momento, el ahora detenido se desempeñaba como jefe de la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nro. 13 Falcón. Según testimonios, esta experticia fue utilizada como medio de extorsión al empresario pesquero César Camacaro, con la amenaza de incriminarlo en actividades ilícitas si no accedía a pagar una suma en dólares.
Investigación en curso y responsabilidad institucional
La apertura de una investigación por parte de la Inspectoría General de la GNB revela una preocupación institucional sobre este caso, donde se ha identificado la presunta participación de otros individuos, incluyendo al mayor Diego Armando Perche Párraga.
Estos eventos ponen de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las fuerzas armadas, así como la necesidad de erradicar cualquier forma de corrupción o abuso de poder que pueda socavar la confianza pública en las instituciones.
Ante estas revelaciones, es esencial que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia. Las autoridades competentes deben actuar con integridad y determinación para erradicar cualquier forma de corrupción y asegurar que aquellos responsables rindan cuentas por sus acciones. Solo así se podrá fortalecer la confianza en las instituciones y promover el respeto por el Estado de derecho en Venezuela.
