Durante una sesión ordinaria en la Asamblea Nacional, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, presentó un proyecto de ley que aborda el combate contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares, con un enfoque particular en las redes sociales.
En este contexto, destacó la importancia de regular estas plataformas, que a menudo promueven el odio y la violencia en lugar del respeto y la tolerancia.
Regulación de redes sociales
La vicepresidenta Rodríguez enfatizó que las redes sociales ocupan un lugar central en esta ley debido a su potencial para fomentar el odio y la violencia. Según sus palabras, estas plataformas están diseñadas para priorizar la difusión de mensajes que promueven el odio sobre aquellos que abogan por el respeto y la convivencia pacífica.
Con esta medida, el gobierno busca abordar la creciente influencia de las redes sociales en la promoción de discursos extremistas.
Defensa de la democracia
Rodríguez afirmó que el presidente Nicolás Maduro asume la responsabilidad de defender la democracia a través de esta ley. Destacó que no se trata de proteger un gobierno o un partido en particular, sino de preservar un sistema basado en la participación ciudadana y la convivencia democrática.
Esta ley busca salvaguardar los valores democráticos y promover la paz en el país, incluso en medio de la diversidad de opiniones.
Prohibición del neoliberalismo
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de ley es la prohibición de la militancia neoliberal. Según Rodríguez, aquellos que defienden políticas neoliberales serán tipificados como fascistas y enfrentarán condenas. Esta disposición genera preocupaciones sobre la libertad de pensamiento e ideología, ya que podría restringir el debate político y limitar la diversidad de opiniones en el país.
La propuesta de ley planteada por el gobierno venezolano plantea importantes interrogantes sobre la regulación de las redes sociales y la libertad de expresión en el país. Si bien es fundamental abordar el discurso de odio en línea, es necesario garantizar que cualquier medida adoptada respete los derechos fundamentales de los ciudadanos y promueva un debate democrático abierto.
Se insta a las autoridades a considerar cuidadosamente los impactos de esta ley en la libertad de expresión y a buscar un equilibrio entre la seguridad en línea y los derechos individuales.
