El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha presentado su Informe Anual 2023, el cual destaca la persistente violación de los derechos fundamentales en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, quien ha cumplido una década en el poder.
Este informe revela datos alarmantes sobre el acceso a servicios básicos en el país, con un enfoque particular en la disponibilidad de agua potable, un recurso vital para la vida diaria.
Restricciones en el servicio de agua
El informe de Provea resalta que el 69% de la población venezolana enfrenta serias restricciones para acceder al agua potable, lo que refleja una preocupante falta de garantías en este aspecto esencial para la vida cotidiana.
Esta situación pone de relieve la grave crisis en el suministro de agua que afecta a la mayoría de los ciudadanos, exacerbando las dificultades que ya enfrentan en un contexto de precariedad generalizada.
Otros servicios básicos afectados
Además del acceso al agua, Provea también señala que el 61,9% de los habitantes enfrentan complicaciones graves en el suministro eléctrico, mientras que el 49,4% experimenta dificultades significativas en cuanto al acceso al transporte.
Estos problemas tienen un impacto directo en la calidad de vida de la población, limitando su movilidad y afectando su bienestar general.
Llamado a la acción
Con más de 35 años de trabajo en Venezuela, Provea hace un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional para que se mantengan alerta ante la evolución de la situación en el país y se sumen esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos venezolanos. Es fundamental que las instituciones retomen su rol constitucional y aseguren un marco de protección y cumplimiento de los derechos fundamentales para todos los habitantes del país.
En medio de la compleja crisis que atraviesa Venezuela, es esencial que se escuchen las demandas de la ciudadanía y se tomen medidas concretas para abordar los problemas estructurales que afectan a la población. Solo a través del reconocimiento y respeto por los derechos de todas las personas, se podrá avanzar hacia una solución sostenible que promueva la justicia y la igualdad en el país.
