El Gobierno de los EE.UU. bajo la administración del presidente Joe Biden tiene previsto presentar una nueva normativa relacionada con el derecho al asilo en la frontera sur, lo que marcará un cambio significativo en las políticas migratorias del país. Esta medida, que será anunciada el jueves 9 de mayo, tiene como objetivo principal agilizar el proceso de deportación de ciertos migrantes que ingresan de manera irregular al país a través de la frontera con México.
Nueva normativa para restringir el asilo
La nueva normativa instruirá a los agentes de migración para aplicar filtros adicionales durante las entrevistas realizadas en la frontera sur. Estas entrevistas, conocidas como entrevistas de “miedo creíble”, son cruciales para determinar si un individuo cumple con los requisitos para solicitar asilo en Estados Unidos después de cruzar la frontera con México.
Según fuentes familiarizadas con la regulación, las autoridades migratorias podrán negar el derecho al asilo si consideran que el solicitante representa un riesgo para la seguridad nacional o pública.
La implementación de esta normativa tendrá un impacto significativo en el proceso de deportación de aquellos migrantes a quienes se les niega la posibilidad de solicitar asilo. Estas personas podrían ser expulsadas inmediatamente a México o enfrentar un proceso formal de deportación, dependiendo de su nacionalidad. El objetivo principal de esta medida es reducir la cantidad de personas que solicitan asilo y agilizar el proceso de deportación.
Contexto político y electoral
Este cambio en las políticas de asilo se produce en un contexto político y electoral en el que la inmigración es un tema central. El expresidente Donald Trump ha adoptado una postura antiinmigrante y critica a Biden por la situación en la frontera.
Sin embargo, el Gobierno demócrata ha estado implementando cambios en las regulaciones sobre el asilo desde el año pasado, con el objetivo de limitar la llegada de migrantes a la frontera sur.
Si bien la implementación de esta nueva normativa aún está sujeta a cambios y al período de comentarios públicos, es evidente que marcará un cambio significativo en las políticas migratorias de Estados Unidos. La medida refleja la presión política y la necesidad de abordar los desafíos en la frontera sur, al tiempo que busca equilibrar las preocupaciones de seguridad nacional con las obligaciones humanitarias del país.
