La posibilidad de que Venezuela exporte gas natural a Colombia se ha convertido en un tema candente entre profesionales del sector energético. A pesar de los esfuerzos por facilitar este intercambio energético, persisten varias barreras que podrían dificultar su materialización. Analistas del sub-sector de hidrocarburos y representantes de importantes empresas energéticas han identificado varios factores críticos que deben ser abordados para que este proyecto sea viable a largo plazo.
Contexto y primer obstáculo: Infraestructura
Uno de los temas más debatidos en torno a la importación de gas desde Venezuela es la necesidad de rehabilitar el gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte. Este ducto, con una longitud de 225 kilómetros, se extiende desde Punta Ballenas, en La Guajira, Colombia, hasta las proximidades del lago Maracaibo en Venezuela.
Empresas como Ecopetrol han avanzado en los trámites necesarios para traer el gas al territorio colombiano. Sin embargo, la implementación completa de este proyecto enfrenta significativos desafíos logísticos y técnicos. El alto costo de la reparación y aseguramiento del gasoducto es un proceso delicado que puede tomar mucho tiempo y recursos.
Capacidad de producción venezolana
Otro tema crucial es la cantidad de gas que Venezuela puede exportar a Colombia, dado que la gran mayoría de su producción actual está destinada al consumo interno. Según expertos, aunque el campo gasífero Perla produce alrededor de 500 millones de pies cúbicos diarios, planificar un aumento de la producción para duplicar esta cifra no está claramente definido públicamente.
Además, cualquier incremento en la producción necesitaría un plan de acción bien estructurado para carburar exportaciones adicionales. Este incremento también demandaría que las empresas asociadas, como Repsol y ENI, coordinen esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de la producción aumentada.
Asignaciones y demanda interna venezolana
El gas que se produce en Venezuela ya tiene múltiples destinos dentro del país. Entre estos destacan las termoeléctricas y refinerías que se encuentran en localidades como Maracaibo, Cabimas y Paraguaná, además de suministrar a diversas ciudades pequeñas y medianas.
Produciendo una media de 500 millones de pies cúbicos por día, el gas venezolano está comprometido en mayor medida hacia la generación de energía eléctrica y el abastecimiento urbano de gas. Esta situación complica la capacidad de Venezuela para destinar alguna porción a la exportación sin perjudicar su propia demanda interna.
Licencias y sanciones internacionales
Un factor adicional que agrava esta situación es la necesidad de obtener permisos bajo las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela. Ecopetrol, que sería la encargada de efectuar las importaciones, requiere una licencia específica de EE. UU. por estas restricciones sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha mencionado que este proceso sigue en curso y ha habido cierta flexibilidad por parte de Washington. Sin embargo, estas licencias son un punto crítico y sin ellas, cualquier avance en las negociaciones y reparaciones del gasoducto quedaría en el limbo.
Perspectivas futuras
Ricardo Roa ha anunciado que Venezuela podría tener las primeras cantidades de gas natural listas para ser exportadas a Colombia para enero de 2025. Esta afirmación trae un halo de optimismo, pero subraya que aún hay varios pasos y decisiones pendientes.
No solo está en juego la reparación del gasoducto, estimada entre 35 y 40 millones de dólares, sino también la validación de un plan confiable y transparente para aumentar la producción.
La posibilidad de que Venezuela exporte gas natural a Colombia parece estar cargada de potencial, pero también de complejidades y desafíos significativos. Entre la necesidad de actualizar infraestructura, incrementar la capacidad de producción y sortear sanciones internacionales, el camino por delante es, sin duda, arduo. Sin embargo, un enfoque meticuloso y coordinado podría abrir nuevas oportunidades energéticas para ambos países, siempre y cuando ambos gobiernos y las empresas implicadas logren superar los obstáculos identificados.
