La administración del presidente Joe Biden está evaluando una propuesta que podría brindar protección contra la deportación y permisos de trabajo a indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. Esta medida, que afectaría a más de un millón de migrantes, está siendo estudiada por su viabilidad legal y podría ofrecer un alivio significativo a muchas familias.
Protección legal y permisos de trabajo
La Casa Blanca está considerando la implementación de un amparo conocido como “parole in place”, que permitiría a los migrantes trabajar legalmente en Estados Unidos y los protegería de la deportación. Este amparo se encuentra actualmente en revisión para determinar su legalidad y alcance.
De implementarse, beneficiaría a aproximadamente 1.2 millones de migrantes que están casados con ciudadanos estadounidenses, ofreciendo un respiro a estas familias.
Sin decisión final
A pesar del análisis en curso, la administración de Biden no ha tomado una decisión definitiva sobre la adopción de esta medida.
Fuentes oficiales han indicado que cualquier anuncio relacionado con esta propuesta no se hará antes del debate programado para el 27 de este mes entre Biden y el expresidente Donald Trump, lo que refleja la sensibilidad política del tema.
Presión de legisladores y grupos promigrantes
Desde hace meses, legisladores y grupos promigrantes han instado a la administración de Biden a tomar medidas ejecutivas que protejan a millones de migrantes sin estatus legal.
En mayo, senadores demócratas como Alex Padilla, Cory Booker, Catherine Cortez Masto y Ben Lujan, junto con otros legisladores, enfatizaron en una conferencia de prensa que Biden tiene la potestad para decretar medidas protectoras para indocumentados y extranjeros con visas temporales.
Respuesta a la crisis migratoria
Recientemente, el presidente Biden utilizó su poder ejecutivo para emitir una orden que restringe el acceso al asilo para la mayoría de personas que cruzan la frontera de manera irregular. Esta orden ha generado controversia y críticas por parte de activistas y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que ha prometido demandar la medida por considerarla restrictiva y contraproducente.
Alivio para miles de familias
La posible implementación del “parole in place” podría cambiar la vida de muchas familias, permitiendo a los indocumentados trabajar legalmente y vivir sin el constante temor a la deportación.
Esto no solo beneficiaría a los individuos directamente afectados, sino que también podría tener un impacto positivo en la economía, al permitir que más personas contribuyan formalmente.
Desafíos legales y políticos
Sin embargo, esta propuesta enfrenta desafíos tanto legales como políticos. La administración debe asegurarse de que cualquier medida tomada sea legalmente sólida para evitar litigios prolongados que podrían retrasar o bloquear su implementación.
Además, el entorno político, especialmente en un año electoral, añade una capa de complejidad a la decisión.
La consideración de un amparo como el “parole in place” refleja un esfuerzo por parte de la administración Biden para abordar de manera humanitaria y pragmática la situación de millones de indocumentados en Estados Unidos. Es crucial que cualquier medida adoptada sea cuidadosamente evaluada para garantizar su viabilidad y efectividad.
Además, es recomendable que la administración busque un enfoque equilibrado que combine la protección de los derechos humanos con la seguridad y el orden en la política migratoria. Esto podría fortalecer la cohesión social y mejorar la percepción pública sobre la gestión migratoria del gobierno.
