En un reciente encuentro, líderes educativos han expresado su desacuerdo con el nuevo tributo del 9% destinado a pensionados, argumentando que los colegios, como entidades sin fines de lucro, no deberían estar sujetas a este impuesto. Gustavo García, vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, y Nancy Hernández, representante de Fenasopadres, han planteado sus preocupaciones sobre el impacto negativo de este tributo en el sector educativo.
Impacto en el derecho a la educación
Nancy Hernández ha subrayado que este tributo infringe el derecho a la educación pública. Según sus declaraciones, la carga adicional de este impuesto podría llevar al cierre de muchas instituciones privadas que no podrán asumir el coste adicional.
Estima que el tributo podría alcanzar unos 30 mil dólares anuales, una cifra significativa que no se reflejará en beneficios para el personal docente. Hernández advierte que, sin una exención para las instituciones educativas, el sistema educativo podría enfrentar una crisis que afectaría tanto a estudiantes como a profesores.
Argumentos presentados al SENIAT
Gustavo García ha informado que se han presentado solicitudes al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para excluir a las instituciones educativas de este tributo. García argumenta que estas instituciones, dedicadas a la prestación de servicios educativos, destinan la mayor parte de sus gastos a remuneraciones.
Por lo tanto, imponerles un tributo del 9% resulta excesivo y perjudicial para su funcionamiento. García destaca que las instituciones educativas ya enfrentan desafíos financieros significativos y que un nuevo impuesto solo agravaría su situación.
Consecuencias de aumentar las matrículas
Tanto Hernández como García coinciden en que cualquier intento de compensar el tributo mediante el aumento de las matrículas sería contraproducente. Aumentar las tarifas escolares podría llevar a una mayor precarización laboral y a una crisis de pagos, afectando negativamente la calidad de la educación.
García enfatiza que, en lugar de aliviar la situación financiera de las instituciones educativas, un aumento en las matrículas podría hacer que la educación privada sea inaccesible para muchas familias, exacerbando la desigualdad educativa en el país.
Propuesta de incremento moderado
Ambos representantes han sugerido que, si es absolutamente necesario realizar el aporte, un incremento del 4% o 5% en las matrículas sería suficiente para cubrir el tributo, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de las instituciones. Esta propuesta se basa en un análisis de la estructura de costos actual de las instituciones educativas, que indica que un aumento moderado podría absorberse sin causar un impacto significativo en las familias o en la calidad de la educación.
En resumen, las instituciones educativas están luchando por ser eximidas del nuevo tributo del 9% destinado a pensionados, argumentando que su imposición podría tener consecuencias desastrosas para el sector. Los líderes educativos han presentado sus argumentos al SENIAT, destacando que la educación debe ser priorizada y protegida de cargas fiscales excesivas. Proponen un aumento moderado en las matrículas como una solución más equilibrada, que permita a las instituciones continuar brindando educación de calidad sin sobrecargar a las familias o comprometer la estabilidad financiera de las escuelas.
