El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha impuesto una nueva regulación que exige que los testigos de mesa en las elecciones presidenciales sean electores del centro de votación donde estarán acreditados. Esta medida, anunciada el 20 de junio, ha generado controversia y dificultades, especialmente para la oposición que se enfrenta al reto de cubrir todos los centros de votación a tan solo 35 días de los comicios.
Impacto en la oposición
La reciente disposición del CNE presenta un desafío considerable para la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Según el periodista especializado en procesos electorales, Eugenio Martínez, la oposición podría perder hasta el 40% de sus testigos en las mesas debido a esta nueva regla.
La PUD había logrado ubicar a un 92% de los testigos necesarios, pero ahora debe buscar electores específicos para cada centro de votación, complicando su estrategia y logística.
Detalles de la medida
La regulación fue publicada en la Gaceta Electoral 1060 bajo la resolución No. 240620-054. El artículo 7 de esta resolución establece que los testigos deben ser electores del centro de votación donde estarán acreditados, saber leer y escribir, y no ser funcionarios del CNE ni Agentes de Inscripción o Actualización de datos del Registro Electoral.
Esta es la primera vez que se impone una restricción tan específica, ya que anteriormente los testigos podían ser acreditados en cualquier mesa dentro del mismo municipio.
Históricamente, los testigos de mesa podían cumplir su función en cualquier centro de votación. En noviembre de 2021, se introdujo una restricción que requería que los testigos fueran electores del mismo municipio, pero la nueva medida del CNE va un paso más allá al restringirlos al mismo centro de votación. Esta decisión no es un requisito legal taxativo, lo que ha generado críticas y sospechas sobre sus motivaciones y posibles implicaciones.
Posibilidad de adaptación
La acreditación de los testigos comenzará el 28 de junio y se extenderá hasta los días previos a la instalación de las mesas. Según Eugenio Martínez, aún hay tiempo para que la oposición encuentre electores dispuestos a ser testigos en los centros donde votan. Sin embargo, esta tarea no es sencilla, ya que requiere una movilización rápida y eficiente de recursos humanos y logísticos.
La nueva regulación del CNE introduce un obstáculo significativo para la oposición en Venezuela, afectando su capacidad para asegurar la transparencia y supervisión en las elecciones presidenciales. Es crucial que la Plataforma Unitaria Democrática intensifique sus esfuerzos de organización y reclutamiento para cumplir con este nuevo requisito. Además, sería beneficioso que organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales monitoreen de cerca el proceso electoral para garantizar que se realice de manera justa y transparente. A largo plazo, se recomienda una revisión de estas regulaciones para asegurar que no se utilicen como herramientas de restricción política y que se promueva un entorno electoral equitativo para todos los participantes.
