La reciente instalación de cercas por parte del gobierno de Panamá en el Tapón del Darién ha generado una controversia significativa. Estas barreras, de al menos 80 metros de longitud y 3 metros de altura, buscan frenar el flujo migratorio entre Colombia y Panamá. Sin embargo, esta medida podría desencadenar una crisis humanitaria en las regiones colindantes de Colombia, afectando a miles de migrantes y comunidades locales que dependen de estos pasos fronterizos para su subsistencia.
Impacto en los derechos humanos
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha levantado una alerta sobre las múltiples repercusiones de esta acción. Según la entidad, es esencial recordar la importancia de los derechos de los migrantes y el respeto a los postulados del derecho internacional humanitario.
La Defensoría ha instado al Gobierno Nacional a entablar un diálogo con Panamá para encontrar soluciones que no vulneren los derechos básicos de las personas que transitan por esta peligrosa ruta.
Riesgos para los migrantes
Durante una reciente visita a la vereda Astí, en la frontera con Panamá, la Defensoría encontró cercas con alambre de púas que imposibilitan el paso seguro de los migrantes, poniendo en riesgo su integridad física. A pesar de los intentos de los migrantes por sortear estos obstáculos, las soluciones improvisadas, como trozos de madera, solo incrementan el peligro.
El líder comunitario Emigdio Pertuz Buendía destacó que la instalación de estas cercas ha añadido riesgos a una ruta ya de por sí mortal, donde se estima que más de 300 personas han perdido la vida o han desaparecido en el intento de cruzar la selva.
Efectos en las comunidades locales
Las cercas no solo afectan a los migrantes, sino también a las comunidades de Astí y Capurganá en Colombia, así como a Puerto Obaldía en Panamá. Estas regiones han utilizado los pasos fronterizos durante décadas para el intercambio comercial y cultural.
El cierre de estos cruces fronterizos podría aumentar el represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes en el Urabá antioqueño y chocoano, generando una sobrecarga en las capacidades locales para manejar la situación.
Respuesta gubernamental
El ministro panameño de Seguridad Pública, Frank Ábrego, ha anunciado que la construcción de la estructura continuará en etapas. Además, mencionó que ya se han realizado conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, para coordinar este y otros cambios en las políticas migratorias. Aun así, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a las gobernaciones de Antioquia y Chocó y a las administraciones municipales de Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía, activar medidas de contingencia humanitaria ante la posible crisis.
La instalación de cercas en el Tapón del Darién por parte del gobierno de Panamá, aunque busca controlar el flujo migratorio, plantea serias preocupaciones humanitarias y de derechos humanos. La situación exige un enfoque integral que no solo considere la seguridad fronteriza, sino también el respeto y la protección de los migrantes. Es crucial que los gobiernos de Colombia y Panamá establezcan un diálogo efectivo para encontrar soluciones que garanticen los derechos fundamentales de las personas y atiendan las necesidades de las comunidades afectadas. La implementación de medidas de contingencia y la cooperación internacional son fundamentales para prevenir una crisis humanitaria mayor.
#Mundo · Panamá cerró accesos del Darién para frenar el cruce de migrantes con alambre de púas.
La orden fue tomada por el recién investido presidente de ese país, José Raúl Mulino.
🎥 Cortesía pic.twitter.com/nhOhwFmp7C
— La Verdad Vargas (@LaVerdadVargas) July 5, 2024
