Tres niños venezolanos, de entre 2 y 12 años, recibirán una compensación de $63,000 cada uno, tras una orden de la jueza Shurlanne Piere en Trinidad y Tobago.La jueza dictaminó indemnizar a los menores por los dos meses que estuvieron detenidos en un helipuerto sin acceso a actividades recreativas ni beneficios educativos.
Detención en el helipuerto dió origen a la compensación
El 15 de diciembre de 2020, tres niños venezolanos y su madre fueron detenidos en un helipuerto en Chaguaramas, en el noroeste de Trinidad y Tobago. La misma se prolongó hasta el 17 de febrero de 2021, un periodo durante el cual los menores no tuvieron acceso a áreas recreativas ni a educación.
Sin embargo, una semana después, intentaron nuevamente ingresar al país y los arrestaron de nuevo. Inicialmente, los pusieron en cuarentena por COVID-19 en una institución médica, luego los trasladaron a la estación de Policía de Erin y finalmente al helipuerto.
Condiciones del centro de detención
El helipuerto en Chaguaramas fue establecido en junio de 2020 por el ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, como un centro de detención y cuarentena para inmigrantes durante la pandemia.
Sin embargo, el lugar carecía de instalaciones adecuadas para niños, lo que llevó a la madre a presentar una petición constitucional. La falta de áreas recreativas y educativas fue un punto crítico en la determinación de la jueza.
La jueza Shurlanne Piere decidió compensar a los niños por los daños sufridos durante su detención. Argumentó que el caso presentaba factores excepcionales y que trataron a los menores de manera inapropiada, violando acuerdos internacionales y legislativos que protegen a los niños de tratos hostiles e inseguros.
La jueza ordenó la compensación económica de $63,000 para cada niño, y estableció que los menores podrán acceder a estos fondos cuando alcancen los 18 años.
Repercusiones y comentarios de la detención y la compensanción
La decisión judicial ha generado diversas reacciones. Mientras que algunos sectores aplauden la medida como una reivindicación de los derechos de los niños, otros cuestionan la eficacia del sistema migratorio de Trinidad y Tobago.
La situación también ha puesto en relieve la necesidad de revisar las políticas de detención y deportación, especialmente en el contexto de la pandemia y su impacto en los inmigrantes.
La orden de compensación de $63,000 para cada uno de los tres niños venezolanos detenidos en Trinidad y Tobago subraya la importancia de proteger los derechos de los menores, incluso en circunstancias de inmigración irregular.
Es crucial que las autoridades trinitenses revisen y mejoren sus políticas de detención para asegurar que todos los niños reciban un trato digno y adecuado. Asimismo, la comunidad internacional debe continuar monitoreando estos casos para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
Para prevenir futuros incidentes similares, recomendamos implementar centros de detención con instalaciones adecuadas para menores y proporcionar acceso a servicios básicos como educación y actividades recreativas.
