En una postura polémica, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha propuesto que los candidatos que no acepten los resultados electorales emitidos por las autoridades venezolanas deberían ser inhabilitados de participar en futuras elecciones. Durante su programa semanal, Con el Mazo Dando, Cabello comparó el proceso electoral con un juego de béisbol, argumentando que la falta de reconocimiento de los resultados por parte de los candidatos es equivalente a una falta en el deporte, que debería conllevar una expulsión del “juego” político.
Diosdado Cabello hace propuesta de inhabilitación
Cabello sugirió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberían considerar una reforma que inhabilite a los candidatos que se nieguen a reconocer los resultados de futuros comicios.
Según el dirigente del PSUV, si un candidato no asume su responsabilidad de aceptar los resultados oficiales, estaría incumpliendo con un principio básico del proceso democrático y, por tanto, no debería tener la oportunidad de participar en eventos electorales posteriores.
En su programa, Cabello comparó el proceso electoral con un partido de béisbol, afirmando que, al igual que expulsan a un jugador que desafía una decisión del árbitro de manera inapropiada, deberían imponer consecuencias similares a un candidato que cuestiona los resultados sin fundamentos sólidos.
Con esta analogía, buscan simplificar la idea de que deben respetar la integridad del proceso electoral y que las reglas del juego político son tan importantes como las del deporte.
La crítica de Cabello a la oposición
Cabello también aprovechó la ocasión para criticar a la oposición venezolana, acusándola de hablar constantemente de fraude electoral sin presentar pruebas concretas.
Desde su perspectiva, esta actitud de la oposición de cuestionar los resultados sin evidencia sólida es una estrategia recurrente que, en su opinión, desacredita el sistema electoral del país y genera una percepción negativa injustificada tanto a nivel nacional como internacional.
¿Una reforma necesaria o una medida autoritaria?
La propuesta de Diosdado Cabello ha generado un debate sobre su impacto en el sistema democrático de Venezuela. Por un lado, sus seguidores argumentan que es una medida necesaria para preservar la legitimidad y estabilidad del proceso electoral, evitando que los candidatos usen tácticas de desacreditación sin fundamento para desestabilizar el país. Consideran que al imponer una sanción a quienes no respeten los resultados, se refuerza la seriedad del proceso democrático y se disuade a los candidatos de cuestionar el sistema sin pruebas.
Sin embargo, la oposición y diversos analistas ven la propuesta como un intento de silenciar a los críticos y consolidar el control del gobierno sobre el proceso electoral. La inhabilitación de candidatos que no reconozcan los resultados podría interpretarse como una medida autoritaria que busca limitar la competencia electoral y eliminar a los opositores más críticos. En un contexto donde ya existen cuestionamientos sobre la imparcialidad del CNE y del TSJ, la implementación de tal propuesta podría agravar las tensiones políticas y aumentar la percepción de que el gobierno busca perpetuarse en el poder a toda costa.
Comparación con el Béisbol
Además, la comparación de Cabello con el béisbol, aunque puede parecer una simplificación efectiva, también ignora la complejidad de los procesos electorales, donde las irregularidades y el fraude pueden ser reales y requieren un escrutinio riguroso. En una democracia sana, el cuestionamiento de los resultados debe ser permitido y, si es necesario, investigado a fondo para garantizar la transparencia y la confianza en el sistema.
En conclusión, la propuesta de Cabello plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre la disciplina electoral y la libertad política. Aunque la intención declarada es fortalecer la democracia, existe el riesgo de que se convierta en una herramienta para excluir a los opositores y consolidar aún más el poder del gobierno. La implementación de una medida como esta requeriría una reflexión profunda sobre sus implicaciones y la necesidad de asegurar que el proceso electoral sea verdaderamente libre y justo para todos los actores políticos en Venezuela.
