El gobierno de Brasil ha emitido una firme advertencia al Gobierno de Nicolás Maduro, señalando que no aceptará el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en relación con el litigio por las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio. La tensión entre ambos países crece, ya que Brasil, junto con Colombia y México, exige que sea el Consejo Nacional Electoral (CNE) el único órgano encargado de determinar el resultado final del proceso electoral, basándose en actas verificables.
Brasil exige transparencia electoral
Altos funcionarios en Brasilia han expresado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso electoral venezolano. Según declaraciones obtenidas por medios internacionales, Brasil ha insistido enfáticamente en que presenten las actas de votación, mesa por mesa y urna por urna, para asegurar la legitimidad del proceso. Esta demanda se enmarca en un contexto de sospechas de fraude y manipulación por parte del régimen venezolano, al que han acusado de intentar legitimar un resultado favorable mediante el uso de la Corte Suprema.
El pasado viernes, Nicolás Maduro acudió al TSJ, donde afirmó que lo que dictamine el tribunal será “ley de la República, santa sentencia”. Esta declaración ha sido vista por observadores internacionales como una señal clara de la intención del gobierno venezolano de ignorar el rol del CNE, lo que ha generado aún más suspicacia sobre la legalidad del proceso.
La controversia de las actas electorales
Uno de los puntos más críticos en este conflicto es la cuestión de las actas electorales, que son fundamentales para corroborar los resultados de las elecciones. Según fuentes brasileñas, el TSJ no tendría en su poder las actas necesarias para realizar una verificación exhaustiva. La fuente también indicó que Elvis Amoroso, presidente del CNE, no habría entregado los documentos completos al tribunal, lo que añade una capa más de incertidumbre al proceso.
Brasil, junto con México y Colombia, ha hecho un llamado conjunto para que el CNE divulgue los resultados, subrayando que deben presentarlos de manera desglosada por mesa de votación. Este reclamo está basado en el principio de transparencia que debe regir en todo proceso democrático y en la preocupación por la posibilidad de una manipulación de los resultados por parte del TSJ.
Respuesta de Maduro y repercusiones rnternacionales
Hasta el momento, Nicolás Maduro no ha respondido a las demandas específicas sobre la presentación de las actas, limitándose a reafirmar que acatará el fallo del TSJ. Esta postura ha sido criticada tanto por la oposición interna como por actores internacionales, que ven en esta actitud una negativa a permitir una verificación imparcial de los resultados electorales.
La negativa del gobierno venezolano a mostrar las actas contrasta con la acción de la oposición, que ha distribuido copias de estas por todo el mundo. El Centro Carter, el único observador internacional autorizado por el régimen, declaró que el verdadero ganador de las elecciones fue el candidato opositor Edmundo González Urrutia, basándose en estas actas.
Presión de Brasil y futuro de las relaciones diplomáticas
La postura de Brasil, respaldada por México y Colombia, representa una presión significativa sobre el régimen de Maduro. Los tres países han evaluado la posibilidad de enviar una delegación de cancilleres a Caracas para abordar directamente esta crisis. Sin embargo, este plan no ha avanzado, en parte debido a la aparente reticencia de Maduro a someterse a un escrutinio internacional que podría poner en evidencia las irregularidades del proceso electoral.
En este contexto, las relaciones diplomáticas entre Venezuela y estos tres países corren el riesgo de deteriorarse aún más. La falta de respuesta concreta por parte del gobierno venezolano y su rechazo a permitir una verificación independiente podría desencadenar sanciones o una mayor aislación diplomática en la región.
El desenlace de esta crisis aún es incierto, pero lo que queda claro es que la legitimidad del proceso electoral venezolano está en tela de juicio, y la presión internacional podría jugar un papel determinante en el curso que tome esta controversia.
