Con el inicio del nuevo año escolar 2024-2025 en Venezuela a la vuelta de la esquina, la implementación de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social ha generado preocupación entre los colegios privados no subsidiados. El reciente impuesto vinculado a esta ley ha provocado un incremento en las mensualidades escolares, lo que podría desencadenar una reducción significativa en la matrícula de estos centros educativos. Esta medida, considerada por muchos como inconstitucional y desmedida, podría tener consecuencias adversas tanto para las familias como para la educación privada en el país.
Aumento de costos en colegios privados
La imposición del nuevo impuesto para financiar la Ley de Protección de las Pensiones ha llevado a un aumento del 7% en las mensualidades de las instituciones educativas privadas no subsidiadas en Venezuela.
Guerrino Guariento, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada (Andiep), calificó esta medida como “descabellada” e injustificada desde el punto de vista legal. Según Guariento, este costo adicional se ha trasladado a las familias, quienes ahora enfrentan mayores dificultades para mantener a sus hijos en colegios privados, especialmente aquellos no beneficiados por subsidios estatales.
Impacto en la matrícula y migración estudiantil de los colegios privados
El impacto económico de este nuevo tributo ha llevado a muchos padres a reconsiderar la educación privada para sus hijos. Algunos han optado por trasladarlos a colegios subsidiados por el Estado, donde los costos son menores debido a la cobertura del impuesto por parte del Ministerio de Educación.
Otros, sin embargo, han optado por instituciones públicas, aunque estas se encuentran en un estado de decadencia con salarios docentes insuficientes y un déficit alarmante de profesores. La preocupación por una disminución en la calidad educativa y la posible falta de docentes en el futuro cercano es una realidad que podría afectar a las generaciones venideras.
Educación pública en decadencia
La situación en las escuelas públicas venezolanas es crítica. Los bajos salarios han llevado a muchos docentes a migrar a otros países o a buscar mejores oportunidades en el sector privado, donde los ingresos son más competitivos. Esta fuga de talento ha dejado a las instituciones públicas en un estado precario, con una educación que se reduce a solo dos días de clases por semana en muchos casos.
Además, las universidades también se enfrentan a un desafío significativo: la falta de aspirantes a carreras de educación debido a las pobres condiciones salariales y laborales, lo que augura un futuro sombrío para la formación de nuevos educadores.
Desafíos para las empresas en el contexto económico venezolano
El impacto de la nueva ley no solo afecta a la educación, sino que también ha generado controversia en el sector empresarial. Ildemaro Pacheco, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria del estado Táchira, subrayó que la introducción de nuevos tributos en una economía ya debilitada por un bajo Producto Interno Bruto y elevados márgenes impositivos, solo exacerba las dificultades. Pacheco argumenta que, en lugar de implementar más impuestos, el gobierno debería considerar una reforma tributaria integral que se alinee con las realidades económicas actuales y amplíe la base de contribuyentes, en lugar de sobrecargar a los pocos que ya contribuyen.
La implementación de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social en Venezuela ha generado un incremento en los costos de la educación privada, lo que podría resultar en una disminución significativa en la matrícula de estas instituciones. Además, la medida ha exacerbado los desafíos ya existentes en el sector educativo público, poniendo en peligro el futuro de la formación académica en el país. Frente a estas dificultades, es crucial que las autoridades reconsideren el impacto de esta legislación y busquen soluciones que no perjudiquen a la educación ni a las familias venezolanas.
