La Asamblea Nacional propuesto un acuerdo para instar al gobierno venezolano a evaluar la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con España. Esta propuesta surge como respuesta a la reciente decisión del Congreso español de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. La resolución del Parlamento venezolano es vista como un contraataque ante lo que considera una “injerencia grosera” en los asuntos internos del país.
La decisión del Congreso español
El detonante de esta posible ruptura diplomática es la decisión del Congreso de los Diputados en España, que aprobó una proposición no de ley para reconocer a González Urrutia como presidente de Venezuela. Urrutia, un opositor exiliado en Madrid desde el 8 de septiembre, asegura haber sido víctima de persecución política en su país. Este reconocimiento, impulsado por el Partido Popular (PP) y aprobado con la abstención del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha generado tensiones con el gobierno venezolano, que considera la medida un ataque a su soberanía.
El proyecto de acuerdo de la Asamblea Nacional califica esta acción del Congreso español como un intento de desconocer la institucionalidad democrática de Venezuela y un apoyo a las facciones opositoras que cuestionan los resultados de las elecciones presidenciales de 2023.
Respuesta de la Asamblea Nacional venezolana
Durante la sesión parlamentaria, el documento presentado por la Asamblea Nacional condenó enérgicamente la postura del Congreso español. La propuesta de acuerdo insta al Ejecutivo a evaluar la ruptura total de las relaciones diplomáticas y comerciales con España, considerando esta acción como una respuesta recíproca ante lo que describen como una intromisión en los asuntos internos del país.
El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, argumentó que esta resolución busca frenar lo que calificó como “el atropello más brutal” por parte de España contra Venezuela desde los tiempos de la independencia. Rodríguez exigió que el proyecto de ley contemple el cese inmediato de todas las actividades comerciales de empresas españolas en territorio venezolano.
Cuestionamientos internacionales
La comunidad internacional ha cuestionado de manera generalizada la legitimidad de las elecciones venezolanas. Diversos países y organismos han señalado irregularidades en los comicios y han pedido la publicación de las actas para garantizar la transparencia del proceso. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal grupo opositor, calificó el resultado de los comicios como fraudulento, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene que fue una elección legítima y soberana.
En su proyecto de acuerdo, la Asamblea Nacional venezolana denuncia lo que considera una serie de acciones coordinadas por la derecha venezolana y española, que incluyen, según ellos, la promoción de golpes de Estado fallidos y el refugio de criminales y terroristas. Estas acusaciones refuerzan el argumento del chavismo de que la comunidad internacional está interviniendo para desestabilizar al gobierno venezolano.
El futuro de las relaciones bilaterales y discusión en la Asamblea Nacional
Si el proyecto es aprobado, el Ejecutivo venezolano deberá evaluar la posible ruptura de todas las relaciones diplomáticas y comerciales con España. Esta medida podría tener un impacto significativo en las relaciones bilaterales, afectando tanto los vínculos políticos como los económicos entre ambos países. Las empresas españolas que operan en Venezuela podrían enfrentar restricciones o incluso la suspensión de sus actividades, lo que generaría consecuencias económicas en el ámbito comercial.
Con esta propuesta, el gobierno de Nicolás Maduro sigue consolidando su postura de no aceptar injerencias extranjeras y defender la soberanía venezolana ante lo que considera ataques externos coordinados por la oposición y gobiernos internacionales.
