En una operación llevada a cabo por las autoridades colombianas, fue desmantelada una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes venezolanos en la frontera entre Colombia y Venezuela. La red, compuesta por 10 policías y 9 civiles, operaba en Villa del Rosario, Norte de Santander, y facilitaba el cruce irregular de migrantes a través de rutas no controladas. Además, el grupo se dedicaba al contrabando de mercancías y otros delitos. Las capturas se realizaron tras meses de investigaciones por parte de la Fiscalía de Colombia.
Red criminal operaba desde agosto en Colombia
La investigación de la Fiscalía de Colombia reveló que la red de tráfico de migrantes comenzó a operar en agosto de 2023. El grupo empleaba trochas, o caminos ilegales, para ingresar a migrantes venezolanos a territorio colombiano, evadiendo los controles fronterizos. Estas rutas clandestinas les permitían trasladar a las personas hacia otras localidades estratégicas, como Necoclí (Antioquia) e Ipiales (Nariño), destinos frecuentados por migrantes que buscan continuar su camino hacia otros países.
Además del tráfico de personas, esta red facilitaba el contrabando de mercancías a través de las mismas rutas ilegales, lo que aumentaba su poder económico y criminal. Los investigadores lograron identificar patrones de movimiento y actividades ilícitas que permitieron llevar a cabo los arrestos en varios puntos del país.
Complicidad de funcionarios policiales de Colombia
Uno de los elementos más alarmantes del caso es la implicación de 10 funcionarios de la Policía Nacional de Colombia en la organización. Según la Fiscalía, estos policías facilitaban los cruces ilegales y garantizaban el tránsito seguro de los migrantes a cambio de sobornos. Esta complicidad conllevó no solo el tráfico de personas, sino también el encubrimiento de actividades relacionadas con el contrabando y el tráfico de drogas.
A los policías involucrados se les imputaron cargos por concierto para delinquir, cohecho, tráfico de migrantes y favorecimiento al contrabando. A pesar de que los acusados no aceptaron los cargos, fueron enviados a prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
Civiles también formaban parte del grupo
Además de los policías, 9 civiles fueron arrestados por su participación en la red delictiva. Estos individuos se encargaban de coordinar la logística del tráfico de migrantes, organizar los cruces por las trochas y gestionar el transporte de los migrantes hacia otros puntos dentro de Colombia. También fueron vinculados al contrabando y tráfico de drogas.
A los civiles se les imputaron cargos similares a los de los policías, incluyendo concierto para delinquir, tráfico de personas y fraude procesal. Sin embargo, en este caso, los acusados fueron puestos bajo arresto domiciliario mientras se sigue con el proceso judicial.
Capturas y medidas cautelares
Las capturas de los 19 involucrados en la red se realizaron en diferentes localidades de Colombia, entre ellas Cúcuta, El Zulia y Villavicencio. Estas detenciones fueron posibles gracias a un operativo coordinado entre la Fiscalía, la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) y la Interpol, que brindó apoyo logístico y de inteligencia.
Las medidas cautelares impuestas a los acusados varían según su implicación en los delitos. Mientras que los funcionarios policiales fueron encarcelados de forma preventiva, los civiles permanecen bajo arresto domiciliario, a la espera de que se complete el proceso judicial. Las autoridades continúan investigando para determinar si hay más personas involucradas en esta red delictiva.
La desarticulación de esta red de tráfico de migrantes en Norte de Santander subraya los desafíos que enfrenta la región fronteriza colombo-venezolana en materia de migración ilegal y contrabando. La implicación de funcionarios policiales en actividades delictivas plantea serias preocupaciones sobre la corrupción y la seguridad en la zona. Las autoridades colombianas, en colaboración con organismos internacionales, siguen trabajando para combatir estos crímenes y garantizar la justicia.
