La diputada Ilenia Medina, secretaria general del partido Patria Para Todos (PPT), ha propuesto un debate sobre la posibilidad de aplicar la pérdida de nacionalidad venezolana a aquellos ciudadanos que cometan actos en contra del país. Medina argumenta que ciertos dirigentes opositores han violado el artículo 130 de la Constitución al formar lo que considera “gobiernos paralelos”, lo que, a su juicio, constituye un atentado brutal contra la nación. Esta propuesta ha generado controversia y abierto un nuevo frente de discusión en el panorama político venezolano.
Propuesta de la diputada Medina para un debate constitucional
En una reciente entrevista, la diputada Ilenia Medina subrayó la necesidad de discutir el alcance de las sanciones para aquellos ciudadanos que, según ella, han traicionado los intereses de Venezuela. Medina hizo énfasis en el artículo 130 de la Constitución venezolana, que establece el deber de todos los venezolanos de honrar y defender la patria. Para la secretaria general del PPT, quienes atenten brutalmente contra el país al crear “gobiernos paralelos” deberían enfrentar la pérdida de su ciudadanía como una sanción ejemplar.
Medina insistió en que su propuesta no está dirigida contra el ejercicio de la oposición política en general, sino contra aquellos que, desde su punto de vista, cruzan la línea de la legalidad al conspirar contra el Estado y promover inestabilidad en el país. En este contexto, la diputada considera que la medida de pérdida de nacionalidad sería una respuesta contundente para aquellos que socavan la soberanía nacional.
Dirigentes opositores bajo la lupa
En su intervención, Medina citó como ejemplo a varios líderes de la oposición que, según ella, han promovido la creación de estructuras políticas paralelas al gobierno legítimo de Venezuela. Aunque no mencionó nombres específicos, muchos interpretaron sus declaraciones como una crítica directa a figuras de la oposición que han solicitado apoyo internacional o formado “gobiernos en el exilio”. Estos actos, afirma Medina, no solo violan la Constitución, sino que también son una afrenta a la unidad y estabilidad de la nación.
La propuesta de pérdida de nacionalidad, aunque drástica, busca enfrentar lo que Medina describe como una traición a los principios fundamentales del país. En su opinión, las acciones de ciertos opositores no solo buscan desestabilizar el gobierno, sino que ponen en peligro la integridad de Venezuela como Estado soberano.
Repercusiones políticas y legales sobre la propuesta de la diputada
El llamado de Medina a abrir un debate sobre la pérdida de la nacionalidad ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Para algunos, la propuesta es vista como una medida excesiva que podría restringir las libertades políticas y el derecho de los ciudadanos a disentir. Sin embargo, los defensores de la idea sostienen que es necesario establecer sanciones más severas para aquellos que, a su juicio, van más allá de la crítica legítima y se involucran en actividades que debilitan al país desde dentro.
Desde el punto de vista jurídico, la propuesta plantea interrogantes sobre los límites constitucionales de la pérdida de la nacionalidad. Si bien el artículo 130 establece las obligaciones de los venezolanos hacia su país, la Constitución también protege el derecho a la nacionalidad y prohíbe su revocación arbitraria. El reto para los proponentes de esta medida será encontrar un equilibrio entre castigar actos considerados traicioneros y respetar los derechos fundamentales.
Un debate abierto
La iniciativa impulsada por Ilenia Medina abre la puerta a un debate más amplio sobre las consecuencias que deberían enfrentar quienes realicen actos en contra de los intereses de Venezuela.
En un contexto político marcado por la polarización, algunos ven la propuesta de pérdida de nacionalidad como una herramienta necesaria para defender la soberanía, mientras que otros la consideran un arma peligrosa que podría utilizarse para perseguir a disidentes.
Sea cual sea el desenlace de este debate, lo cierto es que la propuesta de Medina coloca en el centro de la discusión la importancia de proteger a la nación de actos que puedan poner en peligro su estabilidad y soberanía.
