La violencia machista en la frontera colombo-venezolana continúa afectando a las comunidades más vulnerables. Un reciente informe revela que el 70 % de los casos registrados en los departamentos de Arauca y Norte de Santander involucran a menores de edad. Este preocupante fenómeno está directamente relacionado con la presencia de grupos armados ilegales en la zona, que también fomentan el reclutamiento forzado y otros delitos, generando un entorno de extrema violencia para la población civil.
Violencia de género en aumento
El informe titulado Cuerpos para la guerra, presentado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), detalla cómo la violencia de género en la frontera entre Colombia y Venezuela ha experimentado un incremento preocupante. En lo que va de 2024, los casos de violencia machista en el departamento de Arauca se han disparado en un 65,93 %, lo que lo posiciona como el tercer departamento con más incidencia de este tipo de delitos en el país. Con una tasa de 108,3 casos por cada 100 mil habitantes, Arauca reporta un total de 588 casos, siendo la mayoría de las víctimas menores de edad.
El conflicto armado que asola la región, donde grupos como las disidencias de las FARC y el ELN controlan vastos territorios, exacerba estas cifras. La violencia no solo refleja agresiones físicas, sino también el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, a quienes utilizan como herramientas en esta lucha armada.
Menores de edad en el centro de la violencia
Uno de los datos más impactantes del informe es que el 70 % de las víctimas de violencia machista en esta región fronteriza son menores de edad. Estos jóvenes, muchos de ellos migrantes y pertenecientes a comunidades vulnerables, se enfrentan a una realidad devastadora. En el departamento de Arauca, las ciudades más afectadas por la violencia de género son la capital, con el 40 % de los casos, y el municipio de Tame, con un 30 % de incidencia.
A pesar de los esfuerzos por documentar estos casos, las cifras podrían ser mucho mayores debido al temor que sienten las familias de las víctimas a denunciar. Las represalias de los grupos armados y el control que ejercen sobre estas comunidades dificultan cualquier intento de justicia.
Reclutamiento forzado: una amenaza latente
El informe también subraya el grave problema del reclutamiento forzado de menores. Solo en 2024, la Fiscalía colombiana ha contabilizado 39 menores reclutados en el departamento de Arauca, aunque las estimaciones indican que esta cifra podría ser mucho más alta, llegando a 64 casos no documentados. En Norte de Santander, otro departamento afectado por el conflicto, se han reportado 56 menores reclutados, con un 80 % de los casos concentrados en la región del Catatumbo.
El reclutamiento forzado, al igual que la violencia de género, es un reflejo de la falta de control del Estado en estos territorios, donde la presencia de cultivos ilícitos y la lucha por el control del narcotráfico han convertido a la población civil, especialmente a los menores, en víctimas directas de la violencia.
Un llamado a la acción
Mauricio Valencia, director del proyecto, hizo un llamado a la sociedad civil para mantener la presión y promover el diálogo entre el Gobierno colombiano y los grupos armados. Según Valencia, es crucial que se llegue a una solución negociada para frenar el ciclo de violencia que afecta a estas comunidades. La embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams, también destacó la importancia de involucrar a la sociedad civil en la construcción de paz, reconociendo su papel fundamental para poner fin a esta crisis humanitaria.
La violencia machista y el reclutamiento forzado son solo algunos de los efectos colaterales del conflicto armado en la frontera colombo-venezolana. La situación exige una intervención urgente por parte de las autoridades para proteger a los más vulnerables y garantizar que las generaciones futuras crezcan en un entorno libre de violencia.
