La reciente propuesta de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, de establecer un “seguimiento financiero” sobre las remesas que envían los migrantes venezolanos ha generado fuertes críticas en el país. Diversos especialistas consideran que la medida es inconstitucional y discriminatoria, afectando derechos básicos como la privacidad financiera y la igualdad ante la ley. La iniciativa incluye, además, una revisión exhaustiva de los contratos laborales y de arrendamiento de ciudadanos venezolanos, lo que ha despertado preocupación tanto en el ámbito jurídico como en la comunidad migrante.
Críticas de inconstitucionalidad
Según el abogado penalista Jorge Zuñiga, el seguimiento financiero planteado por el Ejecutivo vulnera derechos fundamentales, entre ellos el secreto bancario, la intimidad y el desarrollo de la personalidad.
Para el experto, controlar los movimientos financieros de los migrantes exclusivamente por su nacionalidad es una práctica inconstitucional que atenta contra la dignidad humana y la igualdad, ya que no justifica la necesidad de este tipo de control. Además, advierte que una medida así podría abrir la puerta a situaciones de abuso, pues se estaría revelando información privada sin base legal.
Riesgo de discriminación con el seguimiento a las remesas
La propuesta también ha sido catalogada como discriminatoria. Zuñiga subraya que focalizar estas medidas en ciudadanos de una nacionalidad específica constituye un trato diferencial, que viola el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución peruana. Según el abogado tributarista Jorge Rodríguez, la normativa constitucional peruana garantiza derechos igualitarios a todas las personas en el territorio nacional, sin distinción de origen, por lo que estas medidas serían injustas y abren la posibilidad de acciones de amparo por su carácter discriminatorio.
Preocupación por posibles abusos de la información financiera de las remesas
Uno de los mayores temores expresados por los expertos es el posible uso indebido de la información financiera. Zuñiga señala que dar acceso indiscriminado a los detalles financieros de los migrantes podría derivar en que personas inescrupulosas usen esta información con fines malintencionados. Rodríguez añade que, si bien las entidades bancarias tienen la capacidad de rastrear las transferencias de dinero, la ley prohíbe divulgar datos sobre consumos específicos de los clientes. Esto resalta la tensión entre la iniciativa y las normativas de confidencialidad vigentes.
Alertas de la comunidad internacional
La propuesta no solo ha alarmado a expertos nacionales, sino también a organizaciones internacionales y defensoras de derechos humanos. Gabriel Vergara, de la organización VeneActiva, indicó que este tipo de políticas podrían fomentar discursos de odio y xenofobia, afectando no solo a los venezolanos en Perú, sino también la percepción internacional sobre el tratamiento de migrantes. Esta posición es respaldada por Maholy Sánchez, especialista en refugio, quien destaca que muchos venezolanos en Perú no son migrantes ordinarios, sino desplazados forzados que huyen de un contexto de violaciones de derechos humanos en su país.
La propuesta de seguimiento a las remesas de ciudadanos venezolanos en Perú ha puesto en tela de juicio la política migratoria del país y su relación con los derechos humanos. Las críticas no se han hecho esperar, con argumentos que apelan tanto a la inconstitucionalidad como a la discriminación y la privacidad financiera de los migrantes. A medida que el debate continúa, la comunidad internacional sigue de cerca las decisiones del Gobierno peruano, que podrían tener repercusiones más allá de sus fronteras.
