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La ley de 1798 que podría dar a Trump el poder de deportar a miles

Trump ley antimigrante

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ha revelado sus intenciones de utilizar una antigua ley de 1798 para llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes que, según él, representan una amenaza para la seguridad del país. Esta ley, promulgada hace 226 años, otorgaría al presidente el poder de deportar a ciertos extranjeros si se cumplen condiciones específicas de conflicto. A continuación, se analiza cómo esta ley podría afectar la política migratoria estadounidense.

El origen de la ley de enemigos extranjeros

El presidente John Adams aprobó la ley de enemigos extranjeros en 1798, cuando Estados Unidos era una joven nación de solo 16 estados y enfrentaba tensiones diplomáticas con Francia. En su versión original, esta ley diseñó mecanismos para permitir al presidente expulsar a ciudadanos de países considerados hostiles en caso de guerra o amenaza de invasión. Aunque el Congreso la ha enmendado, esta ley aún otorga autoridad para deportar personas de origen extranjero en circunstancias de conflicto.

Trump ha declarado que recurrirá a esta ley para “desmantelar redes criminales” formadas por migrantes.Sin embargo, un contexto moderno plantea interrogantes sobre su aplicación, ya que alguien la concibió en un periodo histórico y de relaciones internacionales muy diferente.

¿Cuándo puede invocarse la ley?

Para que un presidente pueda hacer uso de la ley de enemigos extranjeros, deben cumplirse ciertas condiciones. La ley establece que puede ser invocada si:

  1. Estados Unidos está en guerra con otro país, o
  2. Se produce una invasión o intento de incursión en territorio estadounidense por parte de una nación extranjera, y
  3. El presidente emite una declaración pública oficial sobre el evento.

Estas condiciones significan que la ley solo podría aplicarse si Estados Unidos estuviera en conflicto activo con otra nación, lo que en principio reduce el alcance de su uso. Sin embargo, expertos legales advierten que, si Trump llegara a implementar la ley, los tribunales podrían enfrentar desafíos para evaluar su aplicabilidad en el contexto actual.

¿Quiénes serían los afectados?

Si se invoca la ley, las autoridades podrían detener y deportar a las personas de nacionalidad extranjera vinculadas a la nación hostil que no tengan ciudadanía estadounidense. En su versión original, la ley solo aplicaba a hombres adultos, pero el gobierno la modificó en 1918, durante la Primera Guerra Mundial, para incluir también a mujeres extranjeras.

. En caso de aplicarse hoy en día, afectaría a ciudadanos de ciertos países y a sus hijos menores, quienes podrían verse separados de sus familias.

Katherine Yon Ebright, investigadora del Centro Brennan, recuerda que en la Segunda Guerra Mundial los niños fueron detenidos junto a sus padres, mientras que otros, nacidos en EE. UU., fueron enviados a orfanatos. Esto plantea dilemas éticos y legales sobre el trato a menores en casos de deportación masiva.

¿Es viable este plan?

Especialistas en derecho constitucional sugieren que Trump enfrentaría complicaciones legales para aplicar esta en el contexto actual, dada su antigüedad y las implicaciones sobre derechos humanos y tratados internacionales.

No obstante, su inclusión en el discurso del presidente electo y la plataforma del Partido Republicano indican que su uso seguirá siendo tema de debate en los próximos meses.

Un tema de amplio debate

La posibilidad de usar esta ley subraya la controversia sobre las políticas migratorias y de seguridad nacional en Estados Unidos. Mientras algunos argumentan que medidas como esta son necesarias para la protección del país, otros consideran que invocar una ley de hace más de dos siglos sienta un precedente peligroso y atenta contra los derechos de los migrantes.

En conclusión, la ley de enemigos extranjeros de 1798 plantea un desafío en términos de política migratoria y derechos humanos. La viabilidad de este plan dependerá de factores legales y políticos que podrían redefinir la relación de Estados Unidos con la comunidad migrante y sus derechos fundamentales.