La práctica ilegal de profesiones esenciales no solo infringe la ley, sino que también pone en riesgo la confianza pública en instituciones fundamentales. Por eso fue detenida una mujer de 27 años por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado Mérida, tras descubrirse que ejercía como abogada sin contar con las credenciales necesarias.
La captura, resultado de una meticulosa labor investigativa, pone de relieve la importancia de garantizar que los profesionales en sectores clave como la abogacía cuenten con la formación y la autorización pertinentes. El caso también suscita preguntas sobre cómo evitar que este tipo de delitos afecten a quienes buscan justicia y asesoramiento legal.
Detenida una mujer: una operación precisa y bien estructurada
Tras recibir denuncias que indicaban la posible actuación irregular de Luzmar Kariana Machillanda Márquez, los agentes del Cicpc iniciaron una exhaustiva investigación en la Delegación Municipal El Vigía.
Este proceso incluyó la recopilación de testimonios y documentos que confirmaron que la sospechosa no poseía ningún título que la acreditara como profesional del derecho.
Durante el operativo que culminó en su arresto, los funcionarios descubrieron que Machillanda Márquez ofrecía servicios legales, asesorando y representando a personas en procesos judiciales.
Esta situación no solo configuraba un delito, sino que exponía a sus clientes a riesgos legales significativos debido a la falta de preparación y conocimientos técnicos.
El Cicpc destacó que este tipo de acciones no solo perjudican a los afectados directamente, sino que también minan la confianza en el sistema de justicia y en los profesionales que lo integran.
Consecuencias de ejercer ilegalmente una profesión
La abogacía es una disciplina que exige años de formación, práctica supervisada y la aprobación de exámenes rigurosos antes de poder ejercer de manera autónoma.
Quienes infringen estas normas no solo cometen un delito, sino que también desvirtúan el esfuerzo y la preparación de quienes han cumplido con estos requisitos.
En este caso, el hecho de que Luzmar Kariana Machillanda Márquez se presentara como abogada sin serlo podría acarrearle cargos por usurpación de funciones y estafa, además de sanciones económicas. D
e ser declarada culpable, enfrentaría penas de prisión, ya que la legislación venezolana contempla castigos severos para quienes ejerzan profesiones reguladas sin autorización.
Por otra parte, las personas que acudieron a esta mujer en busca de asesoría legal podrían haber sido perjudicadas en sus procesos judiciales, ya sea por una representación inadecuada o por incumplimientos legales en sus trámites.
Esto subraya la necesidad de que los ciudadanos verifiquen siempre las credenciales de los profesionales a los que recurren para servicios especializados.
Cómo identificar a profesionales legítimos
Este caso pone de manifiesto la importancia de tomar precauciones al contratar servicios legales. Las personas interesadas en obtener asesoría o representación deben asegurarse de que el abogado esté debidamente registrado en el Colegio de Abogados correspondiente.
Además, se recomienda solicitar y verificar su número de inscripción en los registros oficiales, que están disponibles en línea o en las oficinas del gremio profesional.
Otra señal de advertencia puede ser el costo excesivamente bajo o alto de los servicios. Aunque las tarifas pueden variar según la experiencia y el tipo de caso, precios extremadamente bajos podrían indicar falta de credenciales, mientras que montos exagerados podrían ser señal de fraude.
Por último, la recomendación de terceros confiables, como familiares, amigos o conocidos, puede ser una herramienta útil para encontrar profesionales capacitados y de confianza.
La responsabilidad compartida de los organismos y la sociedad
El caso de Luzmar Kariana Machillanda Márquez también plantea la necesidad de que las instituciones pertinentes fortalezcan los mecanismos de supervisión y control.
Los colegios profesionales, en colaboración con las autoridades judiciales y policiales, deben implementar campañas de concienciación y sistemas que permitan a los ciudadanos comprobar la validez de los títulos y licencias de los profesionales de forma sencilla y rápida.
Al mismo tiempo, la sociedad tiene un papel crucial en denunciar posibles irregularidades. Cuando alguien sospeche que un individuo ejerce una profesión de manera ilegal, debe reportarlo a las autoridades competentes para evitar que otras personas sean víctimas de este tipo de prácticas fraudulentas.
Recomendaciones para evitar lo que origino que fuera detenida una mujer
Las instituciones deben reforzar sus controles, pero también los ciudadanos tienen la responsabilidad de actuar con cautela al contratar servicios profesionales.
Para prevenir situaciones similares, es fundamental verificar siempre las credenciales de quienes ofrecen servicios especializados, ya sea en el ámbito legal, médico o de cualquier otra profesión regulada.
También resulta crucial fomentar una cultura de denuncia frente a las irregularidades detectadas, contribuyendo así a construir una sociedad más justa y transparente.
La confianza en los sistemas de justicia y las instituciones profesionales depende, en gran medida, de la colaboración entre los organismos reguladores y la ciudadanía.
Actuar con precaución y reportar actividades sospechosas no solo protege a los individuos, sino que también fortalece la confianza colectiva en el ejercicio ético y responsable de las profesiones.
