La polémica estalló en Trinidad y Tobago tras las declaraciones de Kamla Persad-Bissessar, ex primera ministra y líder de la oposición, quien propuso deportar a los migrantes venezolanos que incurran en crimenes. En medio de un clima de inseguridad creciente, la propuesta ha generado opiniones divididas, cuestionando tanto su viabilidad como sus implicaciones éticas y sociales.
En un país que ha sido refugio para miles de venezolanos que huyen de la crisis humanitaria, este planteamiento expone las tensiones entre la necesidad de seguridad pública y el respeto por los derechos humanos de los migrantes.
Contexto de inseguridad y el origen de la propuesta por crimenes
El asesinato de un ciudadano de 69 años en su hogar detonó el pronunciamiento de Persad-Bissessar, quien vinculó directamente el aumento de la violencia en la isla con la presencia de venezolanos en situación migratoria irregular.
Según la ex primera ministra, los crímenes atribuidos a esta población han sido constantes durante el último año, lo que, en su opinión, justifica medidas drásticas como las deportaciones.
Con un discurso tajante, Persad-Bissessar no solo pidió acciones contundentes contra los migrantes involucrados en delitos, sino que también instó a la comunidad venezolana residente a colaborar con las autoridades locales.
Respuestas a una propuesta polémica
El comisionado de la policía de Trinidad y Tobago, Junior Benjamin, expresó su desacuerdo parcial con la postura de Persad-Bissessar.
Aunque reconoció la importancia de garantizar la seguridad ciudadana, cuestionó la afirmación de que los migrantes venezolanos cometen crímenes “a diario”.
Además, calificó la propuesta de “drástica” y sugirió que una solución más equilibrada debería considerar el enfoque en la prevención y la integración social.
Benjamin también subrayó que las fuerzas de seguridad no discriminan por nacionalidad en sus investigaciones, haciendo un llamado a tratar el problema de la delincuencia como un fenómeno que trasciende fronteras.
Estas declaraciones apuntan a la complejidad de una situación que no puede resolverse con medidas simplistas.
Migración y seguridad: una realidad compartida por crimenes
Trinidad y Tobago no es el único país en la región que enfrenta desafíos derivados de la migración venezolana. Naciones vecinas también han lidiado con tensiones entre las comunidades locales y los recién llegados, especialmente en contextos donde el crimen organizado tiene una presencia significativa.
El debate en la isla refleja una preocupación legítima por la seguridad, pero también evidencia cómo las narrativas políticas pueden influir en la percepción pública de los migrantes.
Asociar sistemáticamente la criminalidad con una nacionalidad específica no solo puede resultar injusto, sino que también ignora las contribuciones positivas que muchos venezolanos han hecho en los países que los han acogido.
Reflexión y el camino hacia soluciones integrales ante los crimenes
La propuesta de Kamla Persad-Bissessar subraya la necesidad de abordar la inseguridad, pero es fundamental hacerlo con estrategias que respeten los derechos humanos y promuevan la cohesión social.
Trinidad y Tobago enfrenta un desafío: equilibrar su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos con el deber de garantizar un trato justo y digno a los migrantes.
Para avanzar, se recomienda reforzar la cooperación entre las autoridades y las comunidades migrantes, establecer programas de integración que faciliten la convivencia pacífica y desarrollar políticas migratorias claras que combinen seguridad con humanidad.
Solo a través de soluciones integrales se podrá garantizar un entorno seguro y equitativo para todos los habitantes de la nación caribeña.
